Un informe del FBI revela que Rodrigo Méndez Mendizábal recibió al menos $us 582 mil en pagos irregulares por la compra de equipo no letal.
Fuente: Página Siete
El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) de Estados Unidos arrestó a Rodrigo Méndez Mendizábal, exjefe de Gabinete del exministro de Gobierno Arturo Murillo, por percibir sobornos al menos 582.000 dólares en sobornos dentro de la compra de gases lacrimógenos, estopines y balines de goma.
El hombre de confianza de Murillo fue detenido el 21 de mayo en el Estado de Florida, después de que un juez local emitió una orden de arresto.
Las autoridades de ese país acusan a Méndez de recibir el soborno por haber posibilitado que Luis y Bryan Berkman, junto al empresario cochabambino con nacionalidad estadounidense Philip Lichtenfeld, hayan permitido la compra de los agentes químicos por medio de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC., según reporte de Gigavisión.
El informe del FBI al que accedió ese medio revela además la existencia de un funcionario “co-conspirador 2”, perteneciente al Ministerio de Defensa del gobierno de transición, que se benefició con 20.000 dólares por utilizar su “cargo oficial” en favor de la empresa Bravo Tactical Solutions.
“Como se describe con mayor detalle a continuación, Bryan Berkman, Luis Berkman y Philip Lichtenfeld pagaron sobornos por un total de al menos 582.000 dólares a Sergio Rodrigo Méndez Mendizabal, funcionario del Ministerio de Gobierno de Bolivia, y al menos 20.000 dólares para el co-Conspirador 2, un funcionario del Ministerio de Defensa de Bolivia, a cambio por utilizar sus cargos oficiales, para ayudar a una empresa intermediaria (Bravo Tactical Solutions LLC.), Bryan Berkman, Luis Berkman, Philip Lichtenfeld y otros para obtener y retener el negocio para la empresa intermediaria”, señala el punto 20 del informe revelado este martes.
Por otro lado se acusa a los mencionados junto con Méndez de provocar “transferencias desde un banco con cuenta en el Banco Central de Bolivia, ubicado en Bolivia, a cuentas bancarias pertenecientes a la compañía intermediaria ubicada en EEUU, y transferencias desde una cuenta bancaria perteneciente a una empresa intermediaria ubicada en EEUU a una cuenta controlada por Philip Lichtenfeld ubicada en Bolivia, en violación de las leyes de lavado de dinero de EEUU”.
El costo real de los gases era de 3.357.735 dólares, “lo que dejó a la compañía intermediaria con aproximadamente 2.291.402 dólares. La cantidad suministrada desde el gobierno para la compra de agentes químicos llegaba a 5.649.137 dólares; cantidad con la que se firmó el contrato entre la empresa intermediaria y la cartera de Defensa».
