La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, cuestionó el rol del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, por no actuar oportunamente en el caso gases que tiene como principal implicado al exministro Arturo Murillo.
Fuente: asuntoscentrales
“O es negligencia, o fue miedo al gobierno transitorio o complicidad. Como Defensoría hemos visto una actitud bastante diligente en 2020, cuando se trataba de perseguir a la gente por incumplimiento de medidas de bioseguridad”, cuestionó Cruz, en contacto con Asuntos Centrales.
La funcionaria expresó que llama la atención que entre junio y noviembre de 2020, cuando Murillo aún estaba en el país, no se haya generado ninguna imputación y una medida cautelar a fin de proseguir en la causa con él. Por tanto, ve una reacción tardía de la Fiscalía que el jueves anunció el inicio de los trámites para la extradición de Murillo.
“Nosotros como institución apoyamos el pedido, no solo de las instituciones, sino de las víctimas que dejo Murillo. Tenemos una limitación competencial para ser parte procesal en cualquier causa judicial. Sin embargo, si estaremos realizando un seguimiento en Bolivia y ante nuestros pares en EEUU”, dijo.
