“Parece ser, y lo estamos investigando, que esas municiones han sido utilizadas en la masacre de Huayllani. Esto sería muy grave porque implicaría un crimen de lesa humanidad y un crimen transnacional”, alertó el martes el ministro de Justicia, Iván Lima.
De esa forma se refirió al equipamiento antidisturbios que en 2019, y en calidad de préstamo, envió a Bolivia el gobierno del entonces presidente ecuatoriano Lenín Moreno.
Según un informe oficial de la Defensoría del Pueblo, la llamada “masacre de Huayllani” ocurrió a las 16:00 del viernes 15 de noviembre de 2019, y en ella fallecieron 10 personas, todas marchistas de la zona del trópico de Cochabamba que pretendían llegar hasta la ciudad capital en un enfrentamiento con fuerzas combinadas de la Policía y de las Fuerzas Armadas.
Ese día, las municiones a las que hizo referencia el ministro aún se encontraban en Ecuador, mientras que en Bolivia el entonces titular de Defensa, Fernando López, emitía una instrucción para que una comisión recoja ese equipamiento en Quito.
Ello ocurrió al día siguiente, el sábado 16, en la sección “Guardalmacén” de la Dirección General de Logística de la Policía Nacional de Ecuador. Así lo refiere el acta de entrega y recepción, que está firmado por Julio César Tejada Terán, sargento segundo de la Policía y bodeguero de pertrechos de esa dirección.
El documento fue mostrado el sábado por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, durante una conferencia de prensa en la que, al igual que Lima, advirtió que este caso podría estar relacionado con un crimen transnacional, como en la década de los 70 ocurrió con el denominado Plan Cóndor.
Ese 16 de noviembre, el avión C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana (matrícula FAB 65) que había sido enviado para recoger el préstamo de equipamiento antidisturbios partió a las 10:00 del aeropuerto de Quito con destino a La Paz.
En su interior se encontraban 5.000 granadas de mano GL-302, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 mm, 560 proyectiles de corto alcance 37 mm y 500 granadas de sonido y destello para exteriores. Ya en La Paz, la mitad del equipo se quedó en el Cuartel de Miraflores de las FFAA y el resto ingresó a almacenes del Departamento Nacional de Armamento.
El pasado jueves, Del Castillo dijo además que se tiene información de que el equipamiento ecuatoriano pudo haber incluido municiones de guerra, por lo que se abrió una investigación.
“Hemos visto que el Gobierno ecuatoriano ha prestado gases lacrimógenos al pueblo boliviano, al gobierno de la señora Jeanine Añez; sin embargo, tenemos información extraoficial que también había proporcionado municiones de alto calibre; estamos hablando de municiones de guerra que seguramente las investigaciones nos determinarán si han sido adquiridas de forma regular o han sido adquiridas de forma irregular”, dijo.
María Paula Romo, ministra de Gobierno de Ecuador cuando se envió a Bolivia el equipamiento, aseguró al diario ecuatoriano Expreso que “de ninguna manera” se trata de material militar o de guerra, porque la Policía no posee material de ese tipo.
Opinó que Del Castillo pretende con esas declaraciones distraer sus discusiones internas, en las que la Policía del Ecuador nada tiene que ver. “Qué bueno que haga las declaraciones de este material en préstamo porque lo siguiente que deberían hacer es devolver”, afirmó.
Samuel Montaño, experto en armamento, explicó que hay proyectiles de 37 mm de uso militar y de uso policial, aunque los de uso policial están prohibidos en Bolivia como en la mayor parte de los países del mundo, debido a que pueden causar muertes.
En tanto, legisladores del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), en Bolivia, y de la Alianza Unión por la Esperanza (UNES), en Ecuador, anunciaron un trabajo conjunto para investigar este caso. El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani (MAS), dijo que analizan enviar una comisión a Ecuador y pidió a Lenín Moreno, expresidente de ese país, una disculpa por ese envío. El asambleísta Fausto Jarrín (UNES) presentó una demanda contra Moreno en su país y coincidió en la necesidad de una investigación en los dos países.
Fuente: pagina siete
