El anunció del presunto pago de una fianza y la consecuente liberación en EEUU del exministro de Gobierno Arturo Murillo puso en alerta al Gobierno del presidente Luis Arce y al Movimiento Al Socialismo (MAS). La posibilidad de haber negociado su condena y pasar a ser testigo protegido de ese gobierno generó interés por conocer qué es lo que podría revelar.
Desde la oposición, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos llamó “ineptos” al procurador Wilfredo Chávez y al bufete de abogados contratados en EEUU para seguir el proceso contra el exministro y otras cuatro personas por supuesto lavado de dinero y soborno. “El procurador va a Miami a seguir el caso Murillo, contratan un bufete de EEUU para seguir el caso, Murillo sale libre. Ineptos ¿para qué les pagamos?”, escribió en su cuenta en Twitter .
A las 14:00 de ayer, con base en fuentes reservadas, un enviado de red Gigavisión, que hace seguimiento al caso, informó desde Miami que Murillo había pagado el 10% de 500 mil dólares de la fianza fijada por la justicia de ese país, en una audiencia que se habría realizado la anterior semana, cuando la misma se había anunciado para el 9 de julio.
“A partir de la disposición judicial se convierte en un testigo protegido de Estados Unidos (…). Murillo debió pagar una fianza de 500 mil, sin embargo, en Estados Unidos se tiene que hacer efectivo un depósito del 10%, 50.000 dólares. La exautoridad ha salido, está en las calles, está nuevamente libre, protegido del Gobierno de Estados Unidos”, reportó desde el frontis del centro penitenciario a donde fue enviado el exministro.
Una hora después del reporte, el cónsul boliviano en Miami, Óscar Vega, rechazó esa versión. “Es una información incorrecta (que Arturo Murillo esté libre). Me comuniqué con el bufete de abogados que está asesorando al Estado (Greenberg Traurig) y me dijeron que no es cierta la información. Es una información falsa”, declaró el diplomático al portal de noticias Urgente.bo.
Hizo lo mismo el exencargado de negocios en EEUU Alejandro Bilbao. “Hemos accedido al expediente de Murillo y no se registra ninguna orden de liberación, ni de sello en el expediente. Hemos accedido a la página de la prisión del sistema federal, lo tiene registrado a Murillo. Hemos hablado con el secretario de la corte, nos dijo que no hay una orden emitida por el juez y hemos tenido acceso telefónico a la cárcel donde está detenido Murillo y nos dicen que él está”, afirmó en contacto con radio Éxito.
Sin embargo, no descartó que de negociar su condena, como se cree que ocurrirá, pueda dejar la cárcel y al igual que el propietario de la empresa Bravo Tactical Solutions, Luis Berkman, quien salió bajo fianza el 7 de junio.
Con ese antecedente, el Procurador General convocó a una conferencia de prensa a las 16:30 y anunció que no tenía información oficial sobre la liberación de Murillo y que esperaba contar este viernes con una confirmación certera del bufete de abogados contratado en EEUU.
“Hemos tomado contacto con nuestros abogados y al momento no tenemos la información oficial que corrobore que el señor Murillo haya sido excarcelado y haya arribado a un acuerdo, que es algo que sí he mencionado el día que llegué del viaje a los EEUU, que era una posibilidad que el señor Murillo llegue a algún acuerdo con la justicia norteamericana particularmente con la Fiscalía”, manifestó Chávez, quien sólo respondió dos preguntas y se retiró.
Cerca a las 21:00, el periodista de Givavisión ratificó la información de que Murillo logró el estatus de “testigo protegido” luego de negociar su condena, pero rectificó su inicial anuncio de que estaría libre. “Un juez de Florida dispuso una fianza que la permitirá salir de la cárcel (…) Tiene que pagar para acogerse a este beneficio”, informó.
El MAS critica a la justicia de EEUU y los opositores al Procurador
Legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) criticaron la presunta decisión de la justicia de Estados Unidos (EEUU) de dar libertad bajo fianza y convertir en testigo protegido al exministro de Gobierno Arturo Murillo, procesado en ese país por supuesto lavado de dinero y soborno. Desde la oposición lamentaron que el procurador general, Wilfredo Chávez, no pueda confirmar si la información es oficial.
“El accionar de la justicia (de EEUU) deja mucho que desear, aquí hay algo raro, parecería que todo fuera montado para hacer un show político y tratar de demostrar que se iba a investigar (…) concluimos que EEUU se ha convertido en el refugio de unos vulgares y comunes delincuentes de cuello blanco”, afirmó, por ejemplo, el diputado del MAS Héctor Arce.
El legislador puso como ejemplo el caso de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín, quienes no fueron entregados a la justicia boliviana por las muertes de octubre de 2003.
Luis Adolfo Flores, legislador del mismo partido, expresó que la supuesta libertad de Murillo se estarían pagando con los mismo recursos que se le robó al Estado. Acusó a Estados Unidos de ser parte del “golpe de Estado” y de apoyar al gobierno transitorio de Jeanine Añez. Ninguno de los legisladores corroboró que la información sea oficial.
Opositores también criticaron el trabajo del Gobierno. “A los llunk’us digitales masistas, muéstrenle al Ministro de Gobierno (Eduardo del Castillo) y a todo el Gobierno, parece que hasta ahora no se enteraron, el viaje de placer y turismo que se dio el Procurador (Wilfredo Chávez) y su comitiva, tal parece que no rindió efecto alguno”, escribió en su cuenta de Facebook el exdiputado opositor Amilcar Barral.
Ruta del dinero
- Soborno Según el informe del agente de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HIS, por sus siglas en inglés), Jonathan Eades, entre marzo y abril de 2020 el dinero que se utilizó para los sobornos por el contrato que el Ministerio de Defensa firmó con la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS), para la compra de gases, pasó por al menos tres cuentas bancarias en Estados Unidos y una en Bolivia.
- Cuentas La primera y segunda cuenta fue la de BTS, 0506, con códigos 0506 y 2425. La tercera cuenta pertenece a un ciudadano boliviano “asociado” al empresario Philip Lichtenfeld (uno de los procesados en EEUU), con la numeración 6222. La cuarta cuenta es la del Banco Central de Bolivia (BCB), por donde se intentó pagar el costo de los gases a la cuenta 2425.
- Fuente: pagina siete
