Los delitos que se les acusa son de atentar contra la libertad de trabajo, instigación pública a delinquir, impedir el ejercicio de las funciones de las personas y asociación delictuosa.
En las últimas horas, los cívicos de Yacuiba fueron notificados con una citación de la Fiscalía, que inició una investigación por el paro multisectorial de pasados días. Los delitos que se les acusa son de atentar contra la libertad de trabajo, instigación pública a delinquir, impedir el ejercicio de las funciones de las personas y asociación delictuosa.
El vocero de la casa cívica, Henry Medrano, rechazó de manera enfática los cargos, a tiempo de puntualizar que la casa cívica es una entidad legalmente establecida.
“Esto rechazamos. El comité cívico es una entidad legalmente establecida, cuenta con su correspondiente personalidad jurídica y de ninguna manera somos una entidad para cometer delitos. Representamos a 44 instituciones; contamos con un reglamento y estatutos establecidos”, sostuvo Medrano al lamentar la notificación.
La investigación se inicia a denuncia realizada por Fernando Marcelo Lea Plaza, representante de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Flora Balderrama Rojas. Ambos aparecen en la notificación en calidad de víctima.
La fiscal Sonia Alcoba Gutiérrez realiza el requerimiento a través de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc). La notificación es para que el presidente cívico, Ángel Oliverio Urzagaste Paredes, se presente a realizar su declaración.
“Este tipo de acciones, lejos de amedrentarnos o atemorizarnos, más bien nos fortalecen. Lo que hace el comité cívico está afectando algunos intereses; los que estamos haciendo está logrando algún resultado”, concluyó Medrano. Adelantó que acudirán a la convocatoria de la Fiscalía.
Asimismo, el dirigente apuntó que las acciones y resoluciones de los cívicos solo reflejan el sentimiento de la población, “vulnerable ante las acciones” del Gobierno que pretenden atentar contra los “derechos y libertades”.
Durante los nueve días del paro nacional multisectorial, en rechazo a la ley 1386, los cívicos habían bloqueado el acceso al puente binacional Bolivia – Argentina, por el lapso de 24 horas. Luego de eso fueron reducidos.
Por otro lado, otro punto de bloqueo se instaló sobre la avenida Bolivia, antes de ingresar a la población fronteriza de Pocitos. De la medida participaron sectores como la universidad, médicos, maestros, entre otros. Ese punto cerró el tráfico al transporte pesado hacia la frontera con Argentina, aunque no impidió el tránsito por accesos alternos. Fue levantado después de tres días.
