La Policía halló a Hernán Flores en flagrancia con los bienes sustraídos de un edificio de La Paz y aún retiene 79.000 dólares del pago de anticrético que debió regresar a las víctimas.
La jueza tercera cautelar, Lorena Camacho, benefició con medidas sustitutivas a Hernán Flores, un docente universitario imputado por el robo de bienes de un acusado en el caso Banco Unión de la agencia Desaguadero. Las víctimas señalaron que el sindicado aún retiene 79.000 dólares del pago de un anticrético por un departamento en un edificio del centro de La Paz.
La denunciante, Ethel Loza, manifestó su desacuerdo con la determinación judicial que -expresó- deja impune el robo de sus muebles y el allanamiento que sufrió al departamento que ocupaba en anticrético, en el piso 10 del edificio Yocapri, ubicado en la avenida 20 de Octubre.
El robo se produjo el 27 de septiembre de 2021, cuando bajo el pretexto de una mudanza, Flores contrató dos camiones y ayudantes para, luego de forzar el ingreso al departamento, sustraer las pertenencias de la víctima, según la denuncia.
Los objetos fueron llevados hasta Villa San Antonio, donde luego de ser sorprendido en flagrancia por los policías abandonó las cosas en plena calle, en otro sector.
El informe de la Policía también reveló la complicidad de la esposa del docente, quien estaba presente el momento que se sacaron los bienes de Loza.
En su defensa, Flores afirmó que la “mudanza” fue coordinada con “la inquilina” y argumentó que no podía devolver los 79.000 dólares por una orden de la Fiscalía, que instruía que él debía entregar el dinero al Banco Unión, como parte del dinero que presuntamente fue desfalcado por el esposo de la víctima, Julio Cesar Rivera, quien permanece detenido en el penal de San Pedro desde 2018.
Devolución
La denunciante exige la devolución del dinero. Asegura que ese recurso proviene de los ahorros de cuando ella y su esposo trabajaron en el Banco Unión, asegura que el anticrético fue pagado en 2017 y el proceso de desfalco se abrió un año después, en este tiempo la institución bancaria no presentó ningún documento que señale la ilegalidad de ese dinero.
Loza desmintió el argumento de Flores y señaló que la instrucción de la Fiscalía ya no es válida, esto debido a que la investigación ya está cerrada y no se puede ordenar la incautación de ninguna otra propiedad de los acusados. Señaló al docente y a la esposa por pretender aprovecharse de la complejidad del proceso abierto por el Banco Unión para apropiarse de los 79.000 dólares, que en el peor de los casos debió ser entregado a la institución financiera hace dos años.
“Es decir, ahora pueden allanar el lugar donde vives, robar tus cosas y arrojarlas en la calle cuando te denuncian a la Policía. La justicia no solo demoró meses para citar al ladrón (pese a la flagrancia), sino que como supuestamente ‘tiene la voluntad de solucionar’, como dijeron en la audiencia, le dan libertad”, cuestionó Loza.
También desmintió y negó la versión que dio el abogado de Flores, que en audiencia cautelar del pasado miércoles aseveró que ella estuvo detenida dos años, por lo que supuestamente no pudo entregar el dinero del anticrético.
“El único detenido por cuatro años, sin pruebas en su contra y como chivo expiatorio es mi esposo. La Fiscalía no tiene pruebas contra ninguno de los acusados (siete), uno de ellos incluso ya murió, por eso no quieren iniciar el juicio (de ese primer caso), mientras nos amedrentan con más procesos por los reclamamos contra las ilegalidades que comenten sin que les importe a sus superiores”, manifestó Loza.
Lamentó que, aunque está segura del favorecimiento hacia Flores, ella no puede apelar el fallo por la falta de recursos para el pago de los abogados.
Determinación de la jueza
Según los datos de la audiencia cautelar, Flores acreditó tener un domicilio y un trabajo como docente en ingeniería civil en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), por lo cual, en criterio de la jueza, no ameritaba la detención domiciliaria que era la medida cautelar que solicitaron para el imputado.
Como indicios en contra de Flores, la Fiscalía presentó los informes policiales, las declaraciones del administrador y el portero del edificio, además de los ayudantes y choferes contratados, que desmienten el argumento de la mudanza.
“Esto es una consecuencia de la retardación de justicia cometida por las fiscales y los representantes del Banco Unión, que a la fecha continúan demorando el inicio del juicio, porque no tienen pruebas del desfalco y mantienen detenido a mi esposo”, manifestó Loza.
