El presidente Guillermo Lasso manifestó el objetivo de “humanizar las cárceles”, una problemática que aquejó gravemente al país en 2021. Actualmente, las características de las prisiones arrojan hacinamiento, violencia pandillera y falta de oportunidades educativas para la correcta rehabilitación. «Tenemos que respetar su dignidad, sus derechos humanos y tenemos que trabajar para darles una nueva oportunidad de vida», explicó el mandatario. La medida aplicaría para delitos menores.
Relajar la grave crisis carcelaria que explotó en Ecuador el año pasado es una de las metas del Gobierno según explicó el presidente Guillermo Lasso este último martes cuando avanzó que impulsará un indulto para 5.000 presos con la intención de combatir el hacinamiento.
Mediante el decreto buscará, a su vez, cuidar a aquellos reos de poca gravedad que sufren el peligroso marco de la prisión. Lasso afirmó que quiere “proteger a muchos ciudadanos inocentes que cometieron delitos menores, errores en su vida”.
El proyecto consiste, luego de consultar con la Corte Constitucional y la Fiscalía, en conformar las condiciones para el indulto y luego que los jueces sean quienes resuelvan bajo “los parámetros establecidos”.
El objetivo que trazó Lasso, declarada una de las prioridades para su administración, es que la liberación de esas 5.000 personas privadas de la libertad pueda permitir terminar con el hacinamiento para finales de año y tener un contexto más propicio para la seguridad y la rehabilitación social.
El actual Código Penal indica que aquellos reos que hayan cumplido un 60% de su pena pueden acceder al derecho a la libertad. Sin embargo, no es una condición que se aplique a menudo.
“Los presos perdieron su libertad, pero no han perdido los derechos al trabajo, la salud, la educación, el deporte, la posibilidad de tener una nueva oportunidad de vida”, aseveró Lasso. “Tenemos que respetar su dignidad, sus derechos humanos”, agregó.
Una estrategia social para «humanizar» las cárceles
El último lunes el Ejecutivo elevó un proyecto de primera política pública para transformar el Sistema de Rehabilitación Social con una perspectiva de Derechos Humanos para formar una instrucción integral en las prisiones y acabar con la crisis carcelaria.
Encabezado por la secretaria de Estado de Derechos Humanos, Bernarda Ordoñez, la intención apunta a ofrecer capacitación técnica, cerrar convenios de empleos con empresas y establecer un programa para desintoxicación de drogas.
Para Lasso, la evolución tecnológica del sistema penitenciario y el desarrollo infraestructural, algo que él llamó “humanizar la cárcel”, es “una deuda moral que alguien debía pagar en algún momento”.
En la presentación de su plan, describió que el 43% de la población carcelaria está “en plena capacidad productiva” ya que oscila entre los 18 y 30 años. Además, son más de 21.000 presos los que no terminaron sus estudios.
Esta reacción llega tras un año donde se profundizó severamente la problemática en el sistema por causas como violentas reyertas entre bandas por el control de las prisiones, sobre todo entre carteles del narcotráfico. En total 300 reclusos murieron durante las confrontaciones.
Este riesgo emergente también dejó a la vista que las condiciones de los reos son deplorables por la superpoblación de los establecimientos, el poco presupuesto, la precaria infraestructura y deficiencias administrativas.
