Será interrogado por presuntamente liderar una red de captación de empresas a las que se adjudicaban contratos a cambio de sobornos. No podrá ser acusado penalmente mientras esté en el cargo.
Pedro Castillo “fue notificado de la presente disposición y se ha ordenado su declaración indagatoria, en adición a las demás diligencias ya dispuestas anteriormente, las que permitirán el debido y necesario esclarecimiento de los hechos”, dijo el Ministerio Público en un comunicado publicado bajo la forma de un “hilo” en Twitter.
Ese artículo establece que mientras esté ejerciendo su mandato, un presidente en Perú solo puede ser acusado penalmente por una serie limitada de causas, entre las que no figuran los delitos que son objeto de la presente investigación.
La indagación, “inicialmente abierta contra el exministro Juan Silva y seis congresistas, fue ampliada luego de un análisis técnico jurídico, ante la seriedad y gravedad de las imputaciones”, explicó el Ministerio Público en un hilo de mensajes en su cuenta de Twitter.
La causa fue abierta a principios de este mes por orden del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y alcanzaba en principio a Silva -exministro de Transportes y Comunicaciones- y a seis legisladores del partido opositor de centro Acción Popular.
Esos parlamentarios son llamados Los Niños, después de que así los mencionara la empresaria Karelim López -relacionada con este y otros casos también bajo investigación- porque “obedecían en todo al mandatario”, según la agencia de noticias Europa Press.
La fiscalía investiga si integran una supuesta red criminal que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que estaría liderada por Pedro Castillo.
Según la Fiscalía, la presunta organización criminal contó con dos grupos con tareas definidas.
El primero captaba y negociaba con empresarios, y estuvo conformado por el entonces secretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco; el empresario Zamir Villaverde, y dos sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.
El segundo grupo sería el responsable de la ejecución del delito favoreciendo a determinadas empresas en las contrataciones y estaría integrado por funcionarios del organismo Provías Descentralizado previamente designados por Silva.
El Ministerio Público sostiene que la organización tenía una estructura vertical, con integrantes en distintos niveles.
Zoraida Ávalos, la anterior fiscal de la Nación, abrió dos investigaciones contra el presidente Castillo, aunque las suspendió hasta el término de su mandato, previsto para julio de 2026.
Una fue por las presuntas irregularidades en Petroperú y Provías Nacional, y la otra por ascensos de oficiales en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
