Una parte de la izquierda, algunos movimientos feministas y las asociaciones de defensa de las prostitutas se oponen a esta ley.
El Congreso de los diputados de España aceptó el martes examinar una propuesta de ley de los socialistas que, en particular, castigaría a los clientes de la prostitución, un tema que divide al gobierno de coalición de izquierdas.
En un país en el que la prostitución se beneficia de un vacío jurídico que permite el funcionamiento de numerosos burdeles, este texto responde al compromiso del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de «abolir» la prostitución.
Pero una parte de la izquierda, algunos movimientos feministas y las asociaciones de defensa de las prostitutas se oponen a esta ley, estimando que la abolición no haría sino reforzar el proxenetismo.
La propuesta de ley prevé castigar a los clientes, al igual que hicieron países europeos como Francia, Reino Unido, Noruega o Suecia.
De adoptarse la ley, podrían ser condenados a pagar miles de euros e ir a la cárcel si la prostituta es menor.
Los socialistas también quieren endurecer el arsenal contra el proxenetismo, entendido como cualquier forma de «dominación» sobre una prostituta, con penas de tres a seis años de cárcel, frente a los dos a cinco actuales, así como multas de varios miles de euros.
Proporcionar un local a una prostituta se convertiría en una circunstancia agravante para el proxeneta, mientras que una relación de «explotación» lucrativa, que se exige actualmente para actuar contra el proxenetismo, ya no sería necesaria, lo que permitiría perseguir a familiares de las prostitutas que las obligan a ejercer.
El texto también pretende otorgar a las prostitutas la condición de víctimas, con los derechos de asistencia que ello conlleva.
Creado el año pasado, el principal sindicato de trabajadoras del sexo de España, Otras, dijo que el texto de los socialistas «no es abolicionista, es prohibicionista» y que «las prohibiciones crean mafias». Estas medidas «nos abocan a extinguirnos como profesionales del sexo sin que haya previstas ningún tipo de ayudas», añadieron.
Las estimaciones oficiales hablan de entre 45.000 y 120.000 prostitutas en España. La mayoría son extranjeras en situación irregular.
Según una encuesta de un organismo oficial de 2008, la última sobre el tema, cerca de un tercio (32,1%) de los hombres españoles había recurrido a la prostitución.
En un principio, los socialistas querían introducir estas medidas en una enmienda al proyecto de ley denominado «Solo sí es sí».
Este proyecto de ley estrella del gobierno, que se aprobó en primera lectura en el parlamento la semana pasada, endurece la legislación sobre violaciones al establecer el requisito del consentimiento explícito para mantener relaciones sexuales.
Pero ante la falta de consenso con los socios de extrema izquierda del partido Podemos, por el tema de la prostitución, finalmente decidieron presentar una proposición de ley únicamente sobre este tema.
