Eulalia fue apuñalada al igual que una joven cuyo feminicida mató a sus hijos; Aurora murió a golpes de su pareja; y Wilma fue asesinada en vía pública. Ninguna tuvo protección pese a haberla solicitado.
Fue un atroz feminicidio, a plena luz del día afuera de un supermercado, que culminó una historia de violencia de larga data. Fue el asesinato 32 del mapa de nombres propios, trayectorias vitales, futuros arrancados e hijos e hijas que quedan huérfanas este año, en un país en el que matan a una mujer cada 70 horas. Wilma Zurita no fue un caso excepcional. Fue la evidencia de un sistema que, pese a las denuncias, abandona a las mujeres ante la amenaza de la violencia machista.
El feminicidio de Wilma Zurita, perpetrado el soleado Domingo de Resurrección, es el cuarto de los casos registrados este año en los que las víctimas denunciaron a su agresor previamente antes de que las mataran. Es la constancia de un accionar institucional deficiente cuyos datos develan la imposibilidad de respuestas efectivas por parte del Estado y su estructura.
Un Estado que condena a las víctimas de violencia machista a una muerte lenta cuando no las ayuda o no las busca es un Estado feminicida, sentencia la periodista Florencia Alcaraz.
En 2020 se presentaron 30.824 denuncias por agresiones familiares o domésticas en todo el país, con un promedio de 84 por día, según datos de la Fiscalía General del Estado. La violencia contra las mujeres es el delito más frecuente en Bolivia, muy por encima de robos, estafas o cualquier otra transgresión. La violencia contra las mujeres tiene muchas formas que no caben en los números del Ministerio Público.
Para que se dé el feminicidio concurren, de manera criminal, el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión parcial o total de autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes, explica la investigadora Marcela Lagarde. Señala la falta de garantías para las mujeres y la ineficiencia de los funcionarios en el cumplimiento de sus deberes.
Cuando denunciar no te salva
Las cifras de feminicidios dan cuenta que denunciar no siempre protege a las mujeres. En lo que va del año, cuatro de los 33 feminicidios tenían antecedente de denuncias por agresiones que pese a haber llegado al Ministerio Público no significaron cese a la mano asesina.
El 2 de enero de este año, Eulalia fue asesinada a puñaladas por su pareja, delante de sus tres hijos menores, en Quillacollo, Cochabamba. Ella lo había denunciado por violencia física, en tres ocasiones antes. La última vez, el asesino, de nombre Virgilio K. P., fue aprehendido por tentativa de feminicidio. Pronto salió libre y concluyó lo que empezó: acabó con la vida de la joven madre de 26 años.
El 22 de febrero de 2021, S. C. murió apuñalada por su expareja quien luego de asesinarla, mató a sus dos hijos menores de edad y se ahorcó, diez horas después del hecho infame ocurrido en la ciudad de Sucre. Tres meses antes, ella lo había denunciado por agresión y el fiscal había dispuesto el alejamiento del agresor, quien pese a la disposición, no dejó nunca de rondar a la víctima, hasta asesinarla.
El 26 de febrero del año en curso, Aurora de 54 años de edad, fue victimada por su pareja quien la golpeó hasta quitarle la vida, en La Paz. El agresor, de nombre Leonardino Mollo, tenía una denuncia por violencia familiar o doméstica.
El 4 de abril de 2021, Wilma Zurita, de 26 años, fue degollada con un cuchillo carnicero a plena luz del día, en el ingreso de un supermercado de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El feminicida fue su expareja, Marcelino Martínez, quien ya había sido denunciado por violencia familiar en anteriores ocasiones.
Según desveló la investigación, el pasado 21 de marzo efectivos policiales del DP-6 lo arrestaron por ocho horas y posteriormente fue liberado. El 31 de marzo tenía que presentarse a declarar ante el proceso en investigación en su contra, pero no lo hizo alegando problemas de salud.
Queremos garantías para nosotras y para los niños que quedaron, pidió con ahínco la hermana de Wilma junto con su madre y, ante los medios de comunicación. Esta vez, el resguardo no debería fallar. Esta vez, ya no.
Los feminicidios traen a la luz no sólo cifras luctuosas que crecen, sino también historias de violencia física y psicológica. En muchas ocasiones, la opinión pública responsabiliza de algún modo a las víctimas reprochándoles el no haber denunciado al victimario tras la primera agresión. Denuncia, no te dejes, ándate, se suele recomendar a las mujeres, ignorando o pretendiendo ignorar, el calvario que significa en la práctica la búsqueda de justicia y lo complicado que es salir de círculos de violencia cuando hay entre medio desprotección estatal.
Carla Justiniano, abogada de la Casa de la Mujer en Santa Cruz, explica que los silencios ante las agresiones son en realidad, síntoma de un problema estructural que condena a las víctimas al averno burocrático cuando quieren denunciar.
Si la víctima no va con el ojo morado, no le toman la denuncia. Se han inventado los policías de la Felcv que las víctimas tienen que ir a hacer una denuncia escrita con un abogado. Como no todas tienen dinero para pagar el memorial, no lo hacen y el caso se queda ahí, lamenta Justiniano.
Asimismo, si la denuncia ingresa, no hay garantías para la mujer que queda más expuesta aún por haber roto el silencio, señala la abogada. Recalca que pese a que la Ley 348 instruye medidas de protección inmediatas, en la práctica, el fiscal no da garantías hasta que no se cite al agresor y en muchos casos no se evalúa el riesgo latente que enfrentan las víctimas.
Incluso cuando hay medidas de protección, no hay una efectivización de las mismas porque no se toma en cuenta la real amenaza, señala la jurista.
Alerta roja por la violencia
El feminicidio de Wilma ha desvelado lo nefasta que está la justicia. Podemos hablar de un sistema ya no sólo cómplice con la violencia, sino contribuidor en los feminicidios, explica en un conversatorio Ana Paola García, directora de la Casa de la Mujer. La institución ha solicitado de manera pública la declaratoria de alerta municipal y departamental urgente, ante el incremento de casos de violencia contra la mujer.
Con la declaratoria se busca remover la estructura deficiente: que se reciban las denuncias de agresiones y se den garantías efectivas a las mujeres, que se dicten sentencias ejemplificadoras a los agresores para acabar con la impunidad y que se destinen recursos para fortalecer las instancias de protección a las víctimas, entre otras medidas.
Por su parte, la Fiscalía General, admitiendo posibles falencias, instruyó indagar la falta de atención del Ministerio Público, la Policía y otras instancias que, ante la denuncia de violencia por parte de Wilma, no trabajaron en ayudarla de manera eficaz.
Como Fiscalía General estamos realizando la supervisión de este caso y vamos a establecer la responsabilidad conforme los resultados nos puedan evidenciar. Desde luego, la Fiscalía de Delitos Contra la Vida y la Fiscalía Especializada en Violencia en Razón de Género y Juvenil se encuentran realizando el seguimiento correspondiente, sostuvo el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe.
Las estrepitosas cifras de feminicidios y violencia contra la mujer llevaron al Ministerio de Justicia, en el marco de su plan de reforma judicial, a lanzar una convocatoria -el 17 de diciembre de 2020- para desarrollar un proceso participativo de colectivos y víctimas de violencia y feminicidio para la modificación de la Ley 348 que debió hacerse en el lapso de 60 días. Tiempo que ya se cumplió.
33 feminicidios en 100 días
Según la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani, hasta el 15 de enero se recibieron más de 1.000 propuestas para modificar la normativa; no obstante, no se ha conocido hasta ahora el anteproyecto de ley que presente las nuevas disposiciones. Mientras tanto, en los primeros 100 días del año se han lamentado 33 feminicidios que han involucrado altísima crueldad.
La consternación del último crimen ha movilizado a muchas agrupaciones de mujeres que repudian lo sucedido y demandan acciones concretas al Estado. Una de las convocatorias la realizó la Plataforma de Lucha Contra la Violencia hacia las Mujeres que organizó un panel para analizar la violencia y convocó a un plantón en las puertas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), el pasado jueves en la tarde.
Disculpen las molestias pero no están matando, Mi palabra no necesita un memorial, No aparecemos muertas, nos matan y Justicia para Wilma, fueron algunos de los mensajes plasmados en los carteles que fueron colocados por las protestantes en la entidad policial. Decenas de movilizados gritaron en colectivo por memoria, verdad y justicia para cada mujer a la que un feminicida le apagó la voz.
Cifras de violencia
El promedio es que una mujer es asesinada cada 70 horas en Bolivia. En lo que va de este año se registraron 33 feminicidios y 11.133 denuncias de delitos contra las mujeres.
Regiones De los 33 feminicidios de este año, ocho ocurrieron en La Paz, siete en Cochabamba, seis en Santa Cruz, cuatro en Oruro, tres en Potosí, dos en Beni, dos en Chuquisaca y uno en Pando.
4 mujeres denunciaron a sus agresores previamente por violencia antes de ser asesinadas. En la práctica no se protegió a las denunciantes pese a la alerta y los antecedentes de violencia.
Crueldad Los últimos feminicidios incluyen: apuñalamiento, asfixia, golpes hasta morir, disparos y hasta degollación en pleno espacio público.
820 feminicidios se han registrado en el país desde la promulgación de la Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, en 2013. Las cifras de muerte no descienden.
Jóvenes La mayoría de las víctimas de feminicidios este 2021 tenían menos de 30 años; tres tenían de 17 a 20 años; de 21 a 30 años, 15; de 31 a 40 años, cuatro; de 41 a 50 años, cinco; de 51 a 60, cinco; y una de 60 años.
29 niños y adolescentes, de entre dos y 17 años, quedaron huérfanos como consecuencia de los feminicidios este año, según el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las mujeres.
Fuente: pagina siete
