De La Paz a Mapiri: la ruta de extracción de oro y explotación sexual de menores

En Mapiri fue privada de su libertad por un año, hasta que, junto a otras menores también secuestradas y forzadas al trabajo sexual, planificó su fuga. Tres lograron escapar de sus captores, dos murieron en el intento.

“En mi familia nunca hubo comunicación, no hubo el suficiente dinero y salí a buscar trabajo en la ciudad de El Alto. El que me captó era un joven de 22 a 23 años. Él me encontró y me dijo: ‘te ofrezco un trabajo de niñera, vas a cuidar a niños. Necesitamos que vayas a trabajar a los Yungas. Pero me encerraron en un cuarto y me llevaron más adentro, a Mapiri”, relata.

Maribel recuerda que cuando llegó a su destino la ocuparon al principio en la cocina y al cuidado de niños, pero después la forzaron al trabajo sexual. Muchos de los hombres con los que debía tener relaciones sexuales eran mineros, atraídos a la región por el auge del oro, cuya explotación por cooperativistas aliados a inversores extranjeros, ya entonces devastaba los ríos y cerros de esta zona selvática. “Éramos entre 30 a 40 menores, todas en un cuarto (…). Al final todas llegábamos a la red”, recuerda, en alusión a la organización criminal.

“Nos explotaron (sexualmente) por un año, hasta que cinco chicas dijimos ¡basta! Nuestras proxenetas no sólo eran varones, también eran mujeres, y nos disfrazamos como ellas. Nos vestimos para escapar, hasta que nos pillaron. Cuando corríamos, a dos las mataron a bala, a sangre fría”, narra sobrecogida con la mirada en el pasado.

Las tres sobrevivientes se internaron en el monte, caminaron dos semanas hasta llegar al municipio de Caranavi. “Comíamos la fruta de los árboles, dormíamos en el suelo hasta que llegamos a Caranavi, pero no nos creyeron: ‘no, ustedes están mintiendo’, nos dijeron. Nos pidieron documentos de identidad que no teníamos, entonces caminamos hasta Coroico”. Sólo al llegar allí, en la Defensoría de la Niñez, dieron crédito a su historia. Aunque la pesadilla terminó aquel día, Maribel contó: “por mucho tiempo tenía el temor de que me volvieran a encontrar”. Gracias a una institución de El Alto, que le ofreció apoyo psicológico y educativo, ahora, Maribel sueña con graduarse de bachiller el próximo año y estudiar ingeniería de sistemas.

El boom

Aunque han pasado años desde el secuestro de Maribel, el problema de la explotación sexual y la trata de menores asociada a la minería pervive en Mapiri y en los municipios vecinos.

Y lejos de abordar este fenómeno, muchos funcionarios locales o lo han normalizado o lo consideran como un problema ajeno, que concierne principalmente a las autoridades de la ciudad de La Paz, según pudo establecer esta investigación tras viajar a la región y realizar múltiples entrevistas a fiscales, policías y testigos.

Desde que Maribel logró su libertad, la actividad aurífera no ha hecho sino incrementarse en esta zona de La Paz, en la que se concentran los principales yacimientos de oro del país. Entre 2017 y 2020, el valor del oro exportado desde el departamento de La Paz creció un 21%, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística, alcanzando un valor de casi 900 millones de dólares.

Esto ha conducido a una bonanza para las finanzas de estos municipios. Entre 2013 y 2021, las regalías mineras ingresadas por Mapiri y las poblaciones cercanas aumentaron en 112% según datos recopilados por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral Agrario. Pero con el auge de la minería, está también incrementándose la presencia de hombres dedicados a esta actividad que demandan servicios sexuales, a veces de mujeres adolescentes o niñas, como Maribel.

Aunque no se pudieron hallar datos específicos sobre los casos de explotación sexual en los municipios amazónicos de La Paz, un reporte de la Fundación Munasim Kullakita (FMK) pone de relieve cómo en el departamento de La Paz creció un 21% el número de denuncias por el delito de explotación sexual comercial sólo entre 2019 y 2020.

“La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes se ha visto impulsada por la presencia de empresas chinas y colombianas en la explotación aurífera en el norte del departamento de La Paz”, advierte un estudio de la FMK, realizado con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Las autoridades reconocen el problema. En una entrevista para este reportaje, el fiscal de distrito especializado en trata y tráfico de personas, William Alave, admitió que “lastimosamente, en este último tiempo ha aumentado este tipo de trata de menores y la explotación sexual comercial en la ruta aurífera de La Paz”.

Sin embargo, hasta el momento, las instituciones de justicia no pueden exhibir mayores éxitos en frenar el fenómeno. Alave explicó que la zona aún no cuenta con fiscales especializados en trata y que los casos se concentran en la ciudad de La Paz. Desde tan lejos, con escaso personal y múltiples dificultades para ingresar a las áreas mineras, muchas veces de difícil acceso y resguardadas por grupos armados, los fiscales tienen problemas para perseguir este tipo de delitos.

De hecho, las cifras oficiales de la Fiscalía muestran escasa eficacia. En 2020 se lograron sólo tres condenas en La Paz por delitos de trata y conexos, según un reporte del Consejo Plurinacional contra la Trata. La mayoría de las investigaciones, ocho de cada 10, fueron desestimadas o rechazadas.

Mientras todos los días desaparecen jóvenes o niñas, muchas de ellas, como Maribel, terminan siendo explotadas en una región en la que la falta de Estado favorece que las mujeres puedan sufrir, no sólo trata, sino todo tipo de abusos con impunidad.

Para verlo con nuestros propios ojos, en septiembre pasado, realizamos el mismo viaje que hizo Maribel, desde La Paz a Mapiri, una ruta de 314 kilómetros y tres días de camino.

Urujara: la ruta de la trata

Rostros perdidos que piden auxilio; adolescentes en blanco y negro que se difuminan en el papel por efecto de la lluvia y el sol, así van apiladas las fotografías en las paredes de las cabinas y postes de luz de la tranca de Urujara, a sólo 12 kilómetros de la ciudad de La Paz.

Las fotografías de muchas de las mujeres o niñas registradas como perdidas en La Paz o El Alto terminan aquí. Quienes las buscan saben que están en la puerta de entrada a la ruta aurífera de la Amazonia y que algunas de las mujeres que cada día desaparecen en las principales ciudades del departamento han pasado por aquí, que han sido víctimas de trata o están siendo explotadas como trabajadoras sexuales en lugares como Mapiri.

Aunque la tranca de Urujara es un paso casi obligado en esta ruta, el control policial es casi nulo.

Son las ocho y media de la mañana de un día nublado y el paso por Urujara se hace lento. De pronto la voz del policía de turno:

—¿Tiene botiquín, triángulo, extinguidor?

—Sí.

No verifica que esto sea cierto y dice: “pase”.

El capitán Dorian Contreras, encargado del puesto policial, asegura que Urujara “no es el paso clave”. Dice que es el primer punto cercano a la ciudad, pero que hay otras rutas alternas, menos transitadas, para ingresar a los Yungas, por las que optan los conductores que podrían estar cometiendo algún delito.

Sin embargo, admite que el personal no es suficiente para realizar un estricto control en la tranca. “Muchos van con fines de paseo. Los operativos no pueden realizarse las 24 horas del día, debe ser sorpresivo y en el momento adecuado. Vamos a requerir más personal. Me gustaría que se activara permanentemente el operativo, pero necesitamos más personal”, reconoce.

Para este oficial, la experticia de los uniformados juega un rol importante al momento de percibir algún comportamiento fuera de lo normal “un menor inquieto”, “un conductor nervioso”.

La versión del oficial coincide en parte con la del investigador social de la FMK, Ariel Ramírez, recogida en una entrevista para este reportaje, realizada antes de la travesía, quien identificó más de 30 rutas de ingresos hacia los sectores mineros.

“Lo primero que hemos notado es que las adolescentes tienen una libre movilidad; es decir, que no existe ningún tipo de control, ninguna instancia de Defensoría de la Niñez o la Policía Boliviana que evite la movilización de niñas, niños y adolescentes en este sector”, afirma desde su oficina de El Alto, una urbe caracterizada por la presencia de migrantes rurales, especialmente vulnerables a la trata. Ramírez advierte que las redes de proxenetismo actúan primero en las ciudades, donde ofrecen a las adolescentes o jóvenes empleos de ayudantes de cocina, meseras o de cuidado de niños. Después las fuerzan o las engañan para trasladarlas a los municipios auríferos.

“Les consiguen el local, hacen el contacto con las dueñas de los bares. Y, generalmente, estas jóvenes, cuando llegan a estos locales, comienzan como damas de compañía, consumiendo bebidas alcohólicas o algún tipo de sustancias. Entonces, la mayoría de las adolescentes empiezan a tener ese tipo de adicción”, narra.

Es en ese punto —dice el investigador— que llega la explotación sexual comercial y las niñas o jóvenes se ven convencidas o coaccionadas para realizar trabajo sexual.

“Mientras más jóvenes son, hay más clientela. Es difícil que ellas salgan de ese círculo porque están atadas a la extorsión misma de las personas que las explotan; las amenazan con avisar a su familia de que están como prostitutas, les quitan sus documentos de identidad y, lo más preciado, su libertad”, menciona.

Caranavi: puerta a la Amazonia

No se puede detener el viaje y la próxima parada es Caranavi, a unos 160 kilómetros de La Paz. Este municipio es clave para la lucha contra la trata de personas, pero no cuenta con fiscales o policías especializados en este tipo de delitos, por lo que los casos que llegan a denunciarse son derivados a La Paz, según explicaron las autoridades.

También llamada “la puerta de la Amazonia”, Caranavi es el municipio de paso para llegar a los principales campamentos auríferos de la región: Teoponte, Guanay, Mayaya, Mapiri o Tipuani.

Rómulo Surco, representante de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de Caranavi, señala en una entrevista para este reportaje que el Concejo Municipal ha promulgado una ley municipal por la que se prohíbe a los niños, niñas y adolescentes circular entre la medianoche y las seis de la mañana. “El viernes por la noche hicimos una batida controlando a todos los buses que estaban circulando rumbo a las provincias. Si ubicamos a una menor de edad debemos exigir con quién está viajando, pero no encontramos nada. Hicimos el operativo con la Policía y la Intendencia”, explica.

Guido Apaza, responsable del Servicio Legal Integral Municipal de Caranavi, señala que este municipio es el más grande de la región. Con 420 colonias y 70.000 habitantes, la mayoría, “colonizadores” o “interculturales”, se hace complejo atender todos los casos, explica.

“Trabajamos en la primera etapa que es la prevención, haciendo políticas públicas, como coordinar operativos de comunicación y socialización en colegios’’, dice desde su oficina a pocos pasos de la plaza principal.

Apaza afirma que hace 10 años era raro que se denunciaran casos de trata, pero que, en los últimos años, cada vez se producen más desapariciones de menores, con frecuencia, captadas por las redes sociales.

El suboficial mayor Luis Mayta, a cargo de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y la Policía Rural y Fronteriza, señala que muchas mujeres llegan a Caranavi desde otros puntos del país.

“Hay personas que vienen de Rurrenabaque, Cobija, Beni. Vienen las damas acá para entrar a los sectores mineros, donde se requiere ese tipo de trabajo (sexual)”, señala el suboficial.

Ronald Calderón, exfiscal de Caranavi, quien fungió por cinco años, asegura que en los bares que funcionan en la “k’encha calle” o “calle de la mala suerte” se ha constatado la presencia de menores de edad que hacían de damas de compañía.

“En algunas ocasiones hemos podido constatar que las menores de edad no eran del lugar, sino que las traían de otras poblaciones, especialmente de El Alto”, afirma.

Sin embargo, según explica, los casos no se investigan en el municipio, sino que se centralizan en La Paz, lo que, en su opinión, entorpece el éxito de las pesquisas.

A criterio de Calderón, la Fiscalía no debería centralizar su trabajo de la región, sino precisamente hacerse presente en las zonas de explotación del oro.

“Tengo conocimiento que llevan menores edad a donde operan las cooperativas mineras, especialmente en Larecaja, Mapiri, Teoponte y Tipuani. Todos son sectores de comercio sexual muy grande”, confirma.

Guanay: la violencia normalizada

Es hora de partir al próximo municipio, Guanay. Después de dos horas de viaje por tierra por caminos accidentados nos dirigimos a la plaza principal. Al frente, se encuentra la oficina de la Defensoría de la Niñez del Servicio Legal Integral Municipal.

Allí trabaja Pamela López, quien señala que “lastimosamente, las violaciones y el pago en oro para disolver cualquier denuncia se han naturalizado de igual manera si la víctima es una mujer adulta, una adolescente o niña”.

“Al abordar los casos nos damos cuenta que está normalizada esta problemática, sobre todo en campamentos mineros como en Candelaria, Carbura y otras, donde las dragas mineras están presentes”, señala.

La “naturalización” de la violación ha penetrado tanto en la sociedad guanayeña, según la profesional, que ocurre con mucha frecuencia, incluso, entre miembros de la misma familia.

“Hubo violación y vienen los cuñados, tíos, ahijados y quieren arreglar. Le dicen a la víctima: es tu hermano, o es tu marido, te ha pagado, pues: ‘¿para qué denuncias?’ Estos temas nos hacen ver una realidad muy cruel que están viviendo las mujeres”, relata.

El fiscal de Guanay, Julio Wilderth, sin embargo, no parece interesado en atender el problema. Para él, el conflicto está en la Fiscalía de La Paz, donde se centralizan los casos. “No conocemos ese tipo de delitos”, se adelanta a decir.

El funcionario asegura escueto: “No tenemos muchas denuncias sobre este tema (trata) y de gestiones anteriores están entre cuatro a cinco casos (…)”.

La “k’encha calle”

Ni bien llega la noche en Guanay, se encienden las luces de color. A sólo dos cuadras de la plaza principal del pueblo, la “k’encha calle” empieza a ofrecer música, alegría pasajera.

El interior de algunos bares se deja ver desde la calle entre cortinas entreabiertas que muestran chicas en minifalda. Otros lenocinios son más audaces: sacan sillas a la acera y ofrecen botellas de cerveza a 50 bolivianos con compañía incluida. Con servicios sexuales, el precio es otro.

Decidimos beber una cerveza y entablar conversación con una joven que nos llama. Ronda los 30 años, usa pestañas postizas, se ha maquillado con sombras plateadas y lleva un vestido “animal print” pegado.

Empieza a beber el primer vaso y dice que es paraguaya, pero que también tiene la nacionalidad boliviana. Cuenta que fue captada por su proxeneta en la ciudad de Cochabamba.

Se acerca un hombre gordo, que se siente dueño de la situación, y le mira directamente a los ojos. Ella se siente intimidada y trata de jalarse la falda. Sutilmente lo rechaza y empieza a cantar baladas de la cantante chilena Miriam Hernández.

Cuando se le consulta si vio a menores de edad en los locales vecinos, rápidamente dice: “No me meto con la competencia, no sé”. Pasa un carro patrullero de la Policía y aprovechamos el momento para desmarcarnos del lugar y caminar mirando letreros. En algunos bares hay cholitas, y se muestran alegres al ritmo de la música peruana. Pasan tres jovencitas en short y tacos altos e ingresan a uno de los locales. Deben bordear entre los 18 y 20 años.

Mayaya: un caso abierto

La próxima parada es Mayaya, en donde el comandante de la Policía Rural y Fronteriza, el teniente Daynor Miranda, señala que en lo que va del año (hasta septiembre de 2020), se registró un caso de trata de una menor que fue captada en la ciudad de Cochabamba. Ella había sido reportada como desaparecida.

“Tenemos un caso abierto, una persona aprehendida, que es el dueño del local, donde pretendía que una menor, de 17 años, cumpla los servicios de trabajadora sexual”, explica Miranda.

Según el jefe policial, hay permanentes operativos en los locales, bares y lenocinios para verificar que no haya menores. Mayaya tiene su propia “k’encha calle” llena de letreros coloridos que invitan a pasar.

“En las entrevistas que realizamos, las damas indican estar por propia voluntad, porque en la mayoría de los pueblos que están ubicados en la provincia, existe bastante consumo de bebidas alcohólicas, explotación sexual”, señala Miranda.

Reconoce, sin embargo, las debilidades para realizar un estricto control del problema, pues asegura que entre el 80% y el 90% de los mineros auríferos se mueven por lancha, lo cual también podría estar sucediendo con las menores llevadas a campamentos.

“El encargado de la seguridad y navegación es la Fuerza Naval, pero en Mayaya no tenemos una capitanía de puerto. Tenemos un trecho navegable de 12 horas donde no hay nada de control”, apunta.

Mapiri: destino final

Tras poco más de 300 kilómetros por caminos accidentados, llegamos a Mapiri, un municipio envuelto en la fiebre del oro y en la conflictividad entre mineros por el control de las vetas.

La escena es devastadora: un paisaje lunar de cerros destruidos y cráteres en el suelo que se extiende hasta donde alcanza la vista. Aun levantando el dron a más de 100 metros de altura, sólo se puede ver tierra devorada por la actividad minera.

Encontramos a una experimentada enfermera que sube a una ambulancia que presta servicios en Mapiri.

“Soy personal de Salud de Mapiri, por el trabajo que realizo estoy destinada a esta zona”, señala la funcionaria del Servicio Departamental de Salud (Sedes) quien prefiere no dar su nombre, pero sí permite ser grabada.

Según la enfermera, muchas menores, adolescentes de 13 o 14 años, llegan al hospital en busca de atención. “Son de otras áreas rurales, porque no son de aquí, y van a trabajar en los bares. No sé qué tratos tendrán con las dueñas, pero sí se observa que hay menores que llegan con infección de transmisión sexual”, señala.

A pesar de la obviedad del problema, varios agentes policiales explican las dificultades que tienen para actuar. Dos de ellos, que piden anonimato por no estar autorizados a dar declaraciones, dicen que existen grupos criminales bien organizados que controlan la explotación sexual y la trata de menores. “Están armados hasta los dientes y con armas mucho más sofisticadas que las nuestras”, afirma uno de ellos.

Ante las dificultades para realizar operativos en Mapiri, la única opción para las autoridades ha sido evitar que las redes de trata trasladen a las niñas o jóvenes al municipio.

En diciembre pasado, la Policía rescató a dos adolescentes de 15 y 16 años que habían sido captadas en la ciudad de Santa Cruz con llamativas ofertas de trabajo de modelaje. Las adolescentes viajaban en una ambulancia cuando la Policía las liberó en Sorata, en camino a los Yungas.

El destino final de las dos chicas era Mapiri, según dijeron las autoridades, donde es probable que hubiesen corrido la misma suerte que Maribel: la explotación sexual a plena luz del día, mientras las autoridades miran a otro lado.

Aunque no logramos entrevistar personalmente al alcalde de Mapiri, Alfredo Apaza, éste sí contesta a una llamada a su celular. La autoridad municipal no quiere hacer ninguna declaración sobre el problema de la explotación sexual y la trata en su municipio. “No conozco el tema”, se limita a señalar.