El Ministerio de Economía y la Unidad de Investigaciones Financieras rechazaron que la norma sea utilizada como mecanismo de «persecución».
La viceministra de Servicios Financieros, Ivett Espinoza y la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras, Maria Morales, señalaron este jueves que el proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o No Convencionales no es contraria a la Constitución, ni prevé sanciones contra actividades económicas.
“Esta ley no establece ningún mecanismo de sanción para las actividades económicas informales, por el contrario busca proteger a la población de los legitimadores de dinero que abusan de la buena fe de los comerciantes, gremiales, empresarios y transportistas”, señala Espinoza.
La autoridad además aseguró que la norma no tiene propósitos recaudatorios de ningún tipo.
Las dos autoridades mencionaron que el secreto bancario y su requerimiento para ser levantado se rige por procedimientos establecidos en la normativa vigente y esto no cambiará con esta ley.
«No se está introduciendo ningún tipo penal nuevo. En cuanto al secreto bancario este se rige bajo una ley vigente. La UIF solo procede a hacer las investigaciones en aquellos casos en los cuales tenemos reporte de operaciones sospechosas y requerimientos fiscales en relación a determinadas personas u organizaciones criminales», señaló Morales.
Las autoridades aseguran que la Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo busca específicamente evitar sanciones por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por el incumplimiento y obligaciones internacionales.
Explicaron que en el mes de noviembre se examinará al país sobre los avances en materia de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo.
