El Gobierno nacional informó que el aumento salarial del 3 por ciento al haber básico es obligatorio para el sector privado, aunque no para el público, donde sólo se aplicará a los trabajadores de salud y educación. Los empresarios señalaron que esta decisión aumentará la informalidad y pone a las unidades productivas en riesgo de cierre.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) alertó, a través de un comunicado, que “se evidenciará pérdida de fuentes de trabajo, informalización y precarización laboral, insostenibilidad económica y financiera y la imposibilidad de realizar nuevas contrataciones e inversiones”.
El presidente de esta organización, Luis Barbery, recordó que la diferenciación que hace el Gobierno es una “inaceptable discriminación contra el sector privado, sobre todo contra las pequeñas y medianas empresas”. Acotó que al omitir el aumento salarial en el sector público se reconoce la crisis económica por la que el país atraviesa.
El miércoles por la noche, el presidente Luis Arce anunció un aumento del 4 por ciento al salario mínimo nacional y 3 por ciento al haber básico. Esto fue celebrado por los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB).
Barbery calificó el acuerdo de “político” y responsabilizó de las consecuencias económicas y sociales al Ejecutivo. Dijo que el sector empresarial “seguirá remando a contracorriente”, pero no cree que “todos crucen la meta, porque en la economía no hay magia, sino números”. “Vamos a acatar e intentar sobrevivir”, indicó.
Por otro lado, la CEPB reclamó que el Gobierno de Arce incumpliera el Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que dispone la obligación que tiene el Estado de realizar consultas exhaustivas a las representaciones de trabajadores y empleadores antes de decidir el aumento del salario mínimo.
Advirtieron que la promulgación de normas laborales el 1 de mayo puede debilitar las relaciones entre trabajadores y empleadores.
En tanto, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, señaló en una entrevista con Radio Compañera que el incremento salarial es “por justicia social” y aseguró que se hicieron análisis previos para tomar la decisión.
Informó que aproximadamente 310.000 personas en el sector público de salud y educación se beneficiarán con el aumento del 3 por ciento; mientras que el resto del sector público lo componen unas 90 mil personas que no recibirán el incremento. Aseguró que en las empresas públicas se priorizará la inversión en lugar de elevar los salarios.
Montenegro acotó que se evaluó un posible aumento del desempleo, como señalaron los empresarios, pero en años pasados éste no subió considerablemente después de los incrementos salariales típicos de mayo.
Por otro lado, el economista Gonzalo Chávez señaló que el aumento salarial del 4 y 3 por ciento no tiene correlación con la inflación del 0,9 por ciento de 2021. Dijo, además, que se debía haber considerado que no todos los sectores productivos crecieron de igual manera.
Con relación al argumento del Gobierno de que los aumentos salariales reactivan la economía, Chávez dijo que esto es “parcialmente correcto”, ya que en la actual situación un mayor poder adquisitivo beneficia principalmente al contrabando.
“Metemos más dinero, pero el dinero se va afuera, no se enraíza en el tejido productivo nacional”, explicó.
El economista resaltó que en caso de que este año se declare un doble aguilando, esto representará básicamente un aumento del 10 por ciento al salario, cifra igual al pedido inicial que hizo la COB. “Entonces claramente el incremento fue pensado más desde la política que desde la economía”, agregó.
Con el aumento del 4% al salario mínimo nacional, éste se fijará en 2.250 bolivianos en la gestión 2022.
Conamype afirma que no acatará el alza salarial
Los representantes de las micro y pequeñas empresas manifestaron que buscarán los medios para no acatar el incremento salarial, ya que este significará el cierre de sus unidades productivas.
“Decidimos no hacer ningún incremento y negociar con nuestros trabajadores”, manifestó Néstor Conde, representante de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype).
Manifestó que incluso el aumento al salario mínimo es una medida que no cumplirán y que los trabajadores entenderán, ya que preferirán mantener su fuente laboral y la de sus compañeros, pues si exigen el aumento esto implicaría cerrar la empresa.
Resaltó que con la determinación del Gobierno se ve “el favoritismo” que tiene por las empresas públicas, ya que “conscientes de cómo está la situación económica no aplican a sus empresas, pero sí a los privados”.
Agustín Mamani, presidente de una Conamype paralela, también señaló que el empleador deberá reunirse con su trabajador “para ver si acata o no el aumento, porque es complicado, es imposible un alza tanto para el básico como para el mínimo”.
“Si el Gobierno decide un incremento salarial debería entonces dar el ejemplo y aplicarlo para todos, si es que la economía realmente se hubiera reactivado. Estamos en terapia intensiva y en el futuro no sabemos qué vaya a ocurrir con las empresas”, dijo Mamani.
