La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) informó este miércoles que el Proyecto de Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo (LGI/FT), busca promover y fortalecer acciones para prevenir, detectar y reprimir esas actividades ilícitas que, además de ser un flagelo para la sociedad, se constituyen en una amenaza para la integridad del sistema financiero, económico y la sociedad en su conjunto.
Esta normativa fue inicialmente presentada a la Asamblea Legislativa en 2016, como parte de un paquete de medidas que se implementaron de forma soberana y continua para prevenir y luchar contra estos delitos, logrando con ello que el Estado Plurinacional de Bolivia sea reconocido en el plano internacional como un país que tiene instituido un conjunto de medidas de protección ante estos flagelos, indica un boletín de prensa institucional.
La Estrategia determina operativamente las acciones a realizar por los diferentes órganos del Estado y no significa una modificación al sistema normativo penal vigente, constituyéndose en un instrumento de gestión y coordinación entre éstos. Acciones que serán debidamente evaluadas por Organismos Internacionales a los cuales pertenece Bolivia, desde el año 2000, cuando se adhirió como país miembro al Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD, actual GAFILAT), indica el reporte.
Otro de los propósitos importantes de la Ley es potenciar operativamente e integrar las acciones de todas las instituciones de diferentes Órganos del Estado, quienes juegan un rol importante en la lucha contra delitos de LGI/FT y no modifica de ninguna manera la normativa vigente en materia penal.
Los delitos de LGI/FT causan profundos daños contra el orden moral y económico de la sociedad, afectando así a la integridad y estabilidad del sector financiero. Su combate mitiga que los criminales y sus organizaciones de manera paralela continúen desarrollando mecanismos y esquemas cada vez más complejos y sofisticados.
«Esta no es una batalla en sí misma contra este mal, sino más bien contra aquellos crímenes que son la fuente de beneficio económico que busca ser puesto nuevamente en circulación bajo un manto de legalidad y por tanto su combate debe ser asumido en forma conjunta por todos los países, bajo estándares internacionales consensuados», agrega el reporte.
Bolivia se adhirió como país miembro al Grupo de Acción Financiera de Sudamérica desde el año 2000 y será evaluado próximamente por esta instancia internacional.
El proyecto de Ley contempla actividades para instituciones públicas y bajo ninguna forma constituye un instrumento de persecución política, sino por el contrario, es una decisión de Estado que busca proteger a la sociedad y su economía de los efectos nocivos de estos actos delictivos.
El no contar con medidas de prevención y detección oportunas, conlleva a que en lo futuro el Estado incumpla los estándares internacionales mencionados, lo cual se traducirá en determinadas restricciones para el sistema financiero y la economía nacional, traducidas en mayores exigencias en transacciones financieras internacionales que afectarán al sector empresarial y repercutirán en operaciones cotidianas que realizan los bolivianos como ser las remesas, transferencias, giros y operaciones de comercio exterior, manifiesta el informe institucional.
JML / Agencia Boliviana de Información
