Los mercados en todo el país están “inundados” de productos lácteos en todas sus variedades, que entraron por vías ilegales. Ante esta situación la Federación de Productores de Leche (Fedeple) se declaró en emergencia ante el auge del contrabando y debido al sobrestock, ya que la industria no puede absorber toda la oferta de los productores.
Fuente: eldia
Mauricio Serrate Céspedes, presidente de la institución, advirtió que estos productos no cuenta con certificación fitosanitaria. Debido a la competencia desleal del contrabando hay un sobrestock, ya que normalmente la industria acopia 1.500 toneladas de leche en polvo y actualmente hay unas 5.000 toneladas, con un valor de 150 millones de bolivianos.
“Eso es grave, porque (la industria) no nos va a comprar a nosotros. Y al no comprar a nosotros vamos a tener que cerrar”, lamentó Serrate.
En Santa Cruz se producen 1,2 millones de litros de leche por día y la PIL compra unos 600 mil litros por jornada. La mayor oferta de leche viene de los pequeños productores indica Serrate. Cita ejemplo puntual del daño del contrabando el caso del queso criollo que está ingresando de la Argentina a menor precio, que está perjudicando al queso que sacan los productores del chaco.
“El pequeño productor que no puede vender su producto en el mercado, va a dejar de producir, se va a dedicar a otro rubro. Que significa eso, vamos a entrar en un círculo vicioso en el que no se aumentará el consumo de lácteos”, añade el máximo dirigente de Fedeple. En Bolivia, el consumo anual por persona de leche es de unos 60 litros, cuando el promedio internacional es de 160 litros.
El contrabando es un problema que está agobiando a varios sectores agropecuarios. En el inicio de esta semana los productores de papa y otras hortalizas de los valles exigieron al gobierno acciones para combatir este flagelo. El ingreso de la papa peruana a menor precio provocó que los agricultores locales entreguen su cosecha a precios por debajo del costo de producción.
Sectores empresariales calculan que Bolivia pierde unos 2.300 millones de dólares por año, debido a la avalancha de mercadería ilegal, que en el caso de Argentina y Chile, ingresa por 120 puntos fronterizos irregulares.
