Los operadores de turismo del país están en emergencia y en movilización hasta que el gobierno del presidente Luis Arce abrogue o modifique el Decreto Supremo 4574 promulgado en agosto del año pasado porque estaría desincentivando el ingreso de turistas al país debido a requisitos que deberían ser requeridos por Migración y no así por las agencias de turismo.
Esto dice la norma en cuestión:
«Es obligación de las agencias y empresas de viaje y turismo remitir a la Dirección General de Migración, de manera inmediata a su registro, la información de personas extranjeras en calidad de turistas que utilicen sus servicios, mediante servicios web o vía internet en el formato establecido» señala el artículo 34 del mencionado decreto en relación a la tarea de las agencias de viaje y de turismo.
Asimismo establece que «es obligación de los hoteles, hostales, residenciales, alojamientos y otros establecimientos de hospedaje turístico, remitir a la Dirección General de Migración, mediante servicios web o vía internet en el formato establecido, al momento de su registro, la información de personas extranjeras hospedadas».
También indica que «los hoteles, hostales, residenciales, alojamientos y otros establecimientos de hospedaje turístico que no tengan una conexión estable a internet, deben remitir a la Dirección General de Migración, mediante servicios web o vía internet en el formato establecido, información de personas extranjeras hospedadas en un plazo de veinticuatro (24) horas a partir de su registro».
Para quienes trabajan en actividades de turismo, se trata de una traba más a este rubro duramente golpeado por la pandemia y que ahora no puede ser reactivada debido a medidas como esta norma.
La burocracia expresado en llenado de decenas de formularios para ingresar a Bolivia está desincentivando al turismo, según los denunciantes.
De hecho, el decreto cuestionado no sólo pone obligaciones a las agencias de viaje y turismo sino a operadores de viajes aéreos y terrestres con respecto a extranjeros en el país y se establecen sanciones pecuniarias.
