El banco estatal se comprometió a dar celeridad al proceso y contratar un bufete de abogados para llevar adelante el caso que involucra a varias víctimas en diferentes regiones de Bolivia.
Los clientes del Banco Unión que fueron víctimas de robo de dinero vía digital brindaron un poder a la entidad financiera para que se haga cargo de los procesos penales y corra con los gastos. Las víctimas aún tienen la esperanza de recuperar el dinero sustraído, pero ya no están dispuestas a continuar erogando recursos.
La financiera hizo firmar a 14 afectados un contrato con una cláusula de confidencialidad, que impide a las víctimas emitir declaraciones a la prensa. Un entendido en la materia afirma que es poco probable que los clientes recuperen el dinero robado.
Según una fuente allegada al caso, que prefirió mantener su identidad en reserva, con la entrega de este poder todos los procesos se unificarán.
El banco se comprometió a dar celeridad al proceso y contratar un bufete de abogados para llevar adelante el caso.
A las víctimas se les sustrajo entre 13.500 y 105 mil bolivianos, a través de transferencias que fueron enviadas a cuentas de otros bancos.
A más de dos meses del robo, los afectados aceptaron otorgar el poder al banco para no seguir erogando gastos.
Las víctimas esperan que este proceso penal culmine máximo en un año y puedan recuperar su dinero.
Para Ernesto Campohermoso, gerente de Cirrus IT SRL, empresa desarrolladora de software para entidades financieras, es bueno que el Banco Unión se haga cargo de este proceso y corra con los gastos, pero no sería una buena idea si la entidad financiera tiene responsabilidad en el caso.
“Si el banco tuvo responsabilidad, quizá no sea tan buena idea que asesore a los clientes. Habría que ver quiénes son las partes investigadas, uno no debería ser juez y parte, la Fiscalía debería estar investigando el caso”, dijo.
Sin embargo, Campohermoso considera que es muy difícil recuperar ese dinero debido a que no hay abogados especialistas en el área y los fiscales tampoco tienen conocimiento de ello, mientras que el Código Penal tiene sólo unos cuantos artículos que se refieren a este problema.
“No hay casos similares, no hay jurisprudencia. Con ayuda del Banco Unión, van a tener más posibilidades. Encontrar profesionales especialistas en este campo va a ser muy caro y complicado”, dijo.
A mediados de octubre, varias víctimas de robo digital se organizaron y denunciaron públicamente el hecho exigiendo la devolución de sus recursos.
En noviembre, el número de víctimas era 37; el monto sustraído llegaba a 1,5 millones de bolivianos aproximadamente, según el cálculo de los afectados. Pero sólo 14 presentaron una denuncia penal y firmaron el acuerdo con el Banco Unión.
Estos 14 afectados se reunieron el 9 de noviembre con el presidente del Banco Unión, Gonzalo Araos; la gerente de la entidad, Ana Ramos, y otros ejecutivos, quienes se comprometieron verbalmente a devolver los montos sustraídos.
Todas las víctimas son del Banco Unión y, según las primeras hipótesis, los ladrones recuperaron chips de Entel y Tigo de las víctimas porque el banco confirma las transacciones con mensajes de texto.
Los especialistas dijeron que llama la atención que la mayoría de los afectados sean funcionarios públicos.
