En Bogotá, Medellín y Popayán, encapuchados lanzaron piedras y cócteles molotov a miembros del escuadrón antidisturbios de la policía, denunciado de varios crímenes en las protestas de 2021.
En Bogotá, Medellín y Popayán, encapuchados lanzaron piedras, cócteles molotov y fuegos pirotécnicos a miembros del escuadrón antidisturbios de la policía, implicado en varios casos de abuso de fuerza durante las manifestaciones que sacudieron al país entre abril y junio del año pasado.
Los uniformados respondieron con bombas aturdidoras, municiones no letales y gases lacrimógenos. En la estatal Universidad Nacional de Bogotá un manifestante fue herido en un ojo y varios jóvenes fueron detenidos, constataron reporteros de la AFP.
La protesta contra el saliente gobierno de Duque se produjo un mes antes de la primera vuelta de las elecciones en Colombia para designar a su sucesor.
El opositor de izquierda Gustavo Petro es favorito en todas las encuestas. En vísperas de la jornada hubo división entre sus escuderos políticos sobre la conveniencia de las manifestaciones.
«Para hoy no hay convocada ninguna marcha. Cualquier acto violento y desmanes será la acción de una estrategia criminal de la derecha para acusar a Gustavo Petro y afectar elecciones», advirtió en Twitter Wilson Arias, senador electo por la coalición izquierdista Pacto Histórico.
Aunque parte de la coalición se sumó a la jornada, las centrales obreras y los sindicatos de educadores que en 2021 lideraron la protesta contra Duque, se mantuvieron al margen.
Hace un año, lo que empezó como una protesta contra un plan para elevar impuestos en plena pandemia en Colombia se transformó en un estallido social con movilizaciones, bloqueos viales y cruentos enfrentamientos diarios entre civiles y la fuerza pública. Ante el rechazo popular, Duque desistió del proyecto tributario.
Según un informe de la ONU, al menos 46 personas murieron en los choques del año pasado, 44 civiles y dos policías.
Pesquisas de ONG Human Rights Watch indican que la fuerza pública es «responsable» de al menos 25 homicidios.
Activistas colombianos, en cambio, cifran en casi 80 las víctimas fatales de la represión.
El gobierno de Duque sostiene que las protestas fueron infiltradas por grupos armados que se financian del narcotráfico y acusa que los bloqueos viales produjeron millonarias pérdidas en la cuarta economía de América Latina.
