La exmandataria de Bolivia también asegura que obró de “buena fe” cuando consideró la urgencia del tratamiento de los decretos que permitieron la compra de los agentes químicos. Mientras tanto, Murillo negocia “ventajas” en EEUU, según el procurador
La declaración fue recogida por la Fiscalía en la prisión de Miraflores de La Paz, donde la expresidenta se encuentra desde marzo. Jeanine Áñez reveló que los tres decretos que autorizaron la compra de gases y pertrechos no letales para la Policía se efectuaron a través de un mecanismo de la “vía rápida” y a pedido Arturo Murillo y Fernando López, quienes fueron ministros de Gobierno y Defensa, respectivamente.
La exmandataria precisó que el Decreto 29894 de 2009 establece las condiciones para que una propuesta sea analizada sin mayores trámites y de manera directa por los ministros. Normalmente, para que un proyecto de decreto pase al gabinete es analizado por grupos especializados y asesores, quienes elaboran un informe sobre la importancia de la norma.
“Fue por la vía rápida, porque estábamos en momentos de urgencia debido a los conflictos sociales”, puntualizó Áñez, en la declaración que hizo ante la Fiscalía que investiga la adquisición de esas municiones con un posible sobreprecio de $us 2,2 millones. En este caso están involucrados Murillo, actualmente detenido en Estados Unidos acusado de lavado de dinero, y López, quien se presume está en Brasil.
Según los alegatos de la exmandataria y a los que tuvo acceso EL DEBER, los decretos 4090, 4116 y 4168, aprobados para que los gases lacrimógenos sean adquiridos por Bolivia a través de una operación en el exterior, fueron defendidos por ambos ministros, sin que exista “mala fe” por parte del gabinete en su conjunto.
“Los decretos para la adquisición de gases no son delictivos, un gabinete no va a aprobar un decreto supremo ilegal. Como presidenta y el gabinete en su conjunto actuamos de buena fe, pero nunca para que estos recursos sean mal usados” señaló la exmandataria.
Además, Áñez respaldó el sentido de urgencia de la adquisición. “La Policía no tenía equipamiento antidisturbios para auxiliar a la sociedad sumergida en una convulsión social y esta información fue de conocimiento del gabinete”.
La compra de los gases fue autorizada con tres decretos: El 4090, del 3 de diciembre de 2019 fue el primero. Luego se firmó el 4116 del 12 de diciembre de 2019, que autorizó la compra en el exterior y por invitación directa. Finalmente, está el decreto 4168 del 28 de febrero de 2020 que autorizó el desembolso de Bs 40.068.000, equivalente a $us 5,2 millones, para pagar esos insumos.
Esa norma también validó el mecanismo para que el presupuesto del Ministerio de Defensa, empleado en la operación, pase al Ministerio de Gobierno que es la entidad que adquirió el material no letal en favor de la Policía.
Sobre la base de un informe elaborado por el Legislativo en 2020, que identificó irregularidades en la compra de los gases lacrimógenos, la Fiscalía imputó en enero a López y Murillo a quienes acusó de daño económico al Estado y resoluciones contrarias a la ley porque el costo del armamento, fabricado por la empresa brasileña Cóndor, fue de $us 3,3, un monto menor al contrato que el Estado firmó a finales de 2019 con Bravo Tactical, Solutions (BTS), la intermediaria que ahora es investigada en Estados Unidos por dar sobornos a funcionarios del país.
La declaración de Áñez se produjo en el marco de las pesquisas que inició la Fiscalía a todos los ministros que la acompañaron durante su mandato y dentro de un proceso de investigación que cobró un nuevo impulso desde finales de mayo cuando se produjo el arresto de Murillo y de su exjefe de gabinete Sergio Méndez en Estados Unidos. Ambos son acusados de recibir sobornos y de conspirar para lavar dinero.
El procurador Wilfredo Chávez, quien estuvo el lunes en Miami, anunció que el Gobierno seguirá el caso a través del bufete Grengor Sirus, para buscar la reparación de daños “de los activos de Murillo”.
Por su lado, el fiscal Alexis Vilela señaló que ya convocó al exministro de la Presidencia Yerko Núñez, una de las personas más cercanas a la expresidenta y que se declaró en la clandestinidad. También llamó a María Elba Pinkert, quien tramita su refugio político en Brasil. En la lista también está Aníbal Cruz, actual secretario de Salud de la Alcaldía de Cochabamba.
También deben declarar los exministros que estuvieron involucrados con las decisiones del área económica, Wilfredo Rojo, José Luis Parada y Carlos Díaz. Para finalizar la nómina fueron llamados Mauricio Ordoñez, Carlos Fernando Huallpa, Milton Navarro y Óscar Mercado.
El fiscal dijo que “para que tengan el tiempo de trasladarse hacia La Paz” la convocatoria es para la próxima semana. Los fiscales ya recogieron los testimonios de Iván Arias, quien era Ministro de Obras Públicas y de Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, detenidos en el penal de San Pedro, acusados de terrorismo, sedición y conspiración. Si bien, la citación fue planteada para recoger testimonios sobre la manera en la que se firmaron los decretos, el secretario de la Fiscalía general, Edwin Quispe, reveló que los citados tienen alguna responsabilidad.
“Las exautoridades convocadas siempre serán aquellas que han tenido participación, directa o indirecta. Directa en el sentido que ellos hubieran sido los responsables y ejecutores con relación a los gases lacrimógenos e indirecta cuando estaba en su posibilidad el control, como garantes, del cumplimiento de la norma”, declaró Edwin Quispe. /El Deber
