La institución exige al Órgano Judicial «actuar en independencia» y reparar las ilegalidades con la inmediata liberación de la expresidenta.
La Oficina Jurídica de la Mujer denunció este domingo «graves atropellos» y «acciones ilegales» en la aprehensión de la expresidenta Jeanine Añez, quien guarda detención en la cárcel de mujeres de Miraflores.
«La ciudadana Jeanine Añez, la que más allá de ser expresidenta del Estado es una mujer, está siendo sometida a abusos de poder que degradan su dignidad humana y violan sus derechos humanos, con acciones ilegales», manifestó la oficina, a través de un comunicado.
En el documento, la institución jurídica enumera seis acciones que califica de «ilegales» y que fueron cometidas durante la aprehensión de la expresidenta.
Se menciona el allanamiento de su domicilio y aprehensión «a altas horas de la noche», sin contar con una orden judicial; el traslado inmediato a La Paz «sin darle posibilidad de proveerse de los enseres necesarios para enfrentar el brusco cambio de altura y temperatura».
En tercer lugar, se observa que la detención infringió el principio de la presunción de inocencia, «sustentando la determinación en la supuesta concurrencia de riesgo de fuga, argumentando irrazonablemente que la imputada no tiene marido ni familia».
La cuarta ilegalidad denunciada es la negación de atención médica en un centro médico; el incumplimiento y la «burla a la decisión del juez» que en una Acción de Libertad dispuso su inmediata internación en un centro hospitalario.
Por último, la oficina cuestionó el «traslado ilegal y arbitrario del Centro Penitenciario de Obrajes al de Miraflores, únicamente para incumplir la orden dispuesta por el Juez de Garantías, una vez más a altas horas de la noche sin posibilidad de que se comunique con su familia».
Las razones expuestas, según la Oficina Jurídica de la Mujer, «constituyen tortura, trato cruel, inhumano y degradante», reconocidos como tales y prohibidos por la Constitución Política del Estado, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Es por eso que la institución jurídica exige al Órgano Judicial «actuar en independencia» y disponer la inmediata liberación de la expresidenta del Estado, según la directora de la Oficina de la Mujer, Jinky Irusta Ulloa, quien firma el documento.
Fuente: pagina siete
