La representación de las víctimas espera un fallo del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad o no del gobierno de Jeanine Áñez, para definir el curso de una demanda
Las víctimas de las masacres de Senkata, Sacaba y Pedregal de 2019 accederán a un fideicomiso de cerca de Bs 8 millones, para financiar proyectos productivos, como parte de las acciones destinadas a apoyarlos. En materia de justicia, esperan un fallo constitucional sobre el mandato de Jeanine Áñez, para optar por un juicio de responsabilidades o una demanda penal.
El ministro de Justicia, Iván Lima, y el representante de las víctimas David Inca informaron en una conferencia de prensa sobre los temas abordados y los acuerdos alcanzados.
Uno de los acuerdos es la creación de un fideicomiso, para facilitar recursos económicos a los familiares de las víctimas. El objetivo es “lograr que todas las victimas tengan derecho al trabajo y emprendan procesos productivos, estamos hablando de un fondo de cerca de Bs 8 millones”, explicó el ministro.
Mientras que Inca, destacó los avances y recordó que están a la espera de un fallo del Tribunal Constitucional sobre una demanda presentada para que se establezca si Áñez asumió el poder por la vía constitucional o no.
“Si los actos de la señora Áñez fueron acorde a un mandato de sucesión constitucional y si dice que fue así, corresponde hacer un juicio de responsabilidades o si el Tribunal responde que no hubo acto de sucesión constitucional corresponderá un proceso ordinario”, explicó.
También acordaron ampliar a dos años la entrega del bono alimenticio, acceso a becas de estudio y acelerar el trabajo de una ley sobre el censo de víctimas y reparación integral.
Una vez dimitió el expresidente Evo Morales, tomó el poder Áñez como resultado de una reunión de cívicos y políticos en la que se trazó la sucesión. El 15 y 19 de noviembre de ese año, fuerzas militares y policiales intervinieron protestas a favor de Morales con el saldo de una veintena de muertos y decenas de heridas de bala.
Áñez se encuentra en la cárcel por el caso Golpe de Estado I y II. También está en trámite un juicio de responsabilidades en su contra por las masacres de Sacaba y Senkata.
