El dirigente universitario de 52 años se encuentra con detención preventiva por seis meses en la cárcel de San Pedro de La Paz y su defensa advierte con acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si no se revoca la medida cautelar impuesta el fin de semana, acusado por haber ejercido el cargo de Secretario nacional del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) de forma interina, desde 2018, y cobro de un salario mensual de más de 21.000 bolivianos desde entonces, que significaría un daño económico de alrededor de 1.5 millones de bolivianos.
La Fiscalía amplió la investigación hacia otros posibles “cómplices”, quienes habrían avalado la “usurpación de funciones” de Mendoza, entre ellos un exrector y también un dirigente de los docentes.
PROCESO
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce informó que se investigará a Mendoza por sus viajes al exterior con grupos folclóricos ya que algunos de sus miembros no retornaron al país, por lo que se presume que incurrió en el delito de trata de personas.
“Entendemos que es difícil entrar a estos países de Europa y Estados Unidos, pero él (Mendoza) aparentemente, trasladada a 20 y volvía con 10. Eso vamos a investigar, esa es la denuncia que nos ha llegado”, afirmó, citado por ERBOL.
Dijo también que existe documentación que respalda este ilícito, sin embargo, debe verificarse para iniciar un nuevo proceso.
“Hemos solicitado información de la Dirección General de Migración para conocer las veces que salió al exterior”, acotó.
Por otro lado, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, anunció que se citará a comparecer a las personas que participaron de la Resolución Administrativa 036/2018 del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) que habilitó el cargo de Secretario Nacional interino (por 30 días) y el pago de salarios y beneficios sociales a favor del dirigente universitario, sin haber cumplido requisitos como tener título académico.
Anunció la citación del exrector de la Universidad Autónoma Tomás Frías y presidente del XIII Congreso nacional de Universidades Justo Bohórquez y el ex Secretario Ejecutivo de la Confederación de Docentes, Rodrigo Rodríguez.
Alave no descartó que, en el transcurso de la investigación, se deba abrir otros procesos de oficio si se encuentran mayores irregularidades y pueda constituirse en una coautoría.
El abogado de Mendoza, José Paredes, explicó que agotará las instancias nacionales para revocar la detención, caso contrario acudirán, primero, ante la Sala Constitucional con una Acción de Libertad, luego, si se deniega el recurso, ante el Tribunal Constitucional y, finalmente a la CIDH porque en el país “los jueces tienen más miedo a la presión mediática que a las leyes”.
Aclaró que los requisitos para ejercer el cargo en el CEUB no se aplican a su cliente puesto que los mismos se emplean en condiciones normales sin acefalías y no así cuando existe un interinato.
Señaló que el Comité Ejecutivo podía “caerse” por falta de administración y en este caso se debía aplicar la norma “de acuerdo a la realidad y con criterio de oportunidad”.
LA SITUACIÓN
Tras cuatro años, ayer se reinstaló el XIII Congreso Nacional de Universidades en Potosí, en medio de observaciones y tensión por la presencia del dirigente “dinosaurio” Álvaro Quelali. Los asistentes lanzaron estribillos contra él y Mendoza.
El rector de la Universidad Autónoma Tomás Frías, Pedro López, confirmó la asistencia de al menos 11 delegaciones del país. Según explicó, la prioridad es impulsar cambios estructurales. En la oportunidad, también se definirá la expulsión o no del máximo dirigente universitario CUB, que se encuentra en la cárcel.
Por otro lado, el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Waldo Albarracín, mediante una carta, denunció que el exministro de Justicia del gobierno de Evo Morales, Héctor Arce Zaconeta, sabía de la “irregularidad” de Mendoza.
La exautoridad, que ahora es embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), aclaró que no tenía competencia en el tema.
Dijo también, citado por ABI, que se respondió formalmente indicando que la autoridad universitaria tenía el deber de seguir las acciones administrativas o legales pertinentes, tomando en cuenta la autonomía universitaria.
