El proceso de fiscalización a instituciones del Estado boliviano fue casi nulo en este tiempo.
El hemiciclo parlamentario en el debate de una de las leyes de este año. | ABI
Fuente: Los Tiempos
A casi un semestre de gestión, los legisladores nacionales sancionaron 14 leyes: 12 el Senado y dos la Cámara de Diputados. El proceso de fiscalización fue casi nulo en este tiempo.
Analistas consideran que el trabajo desarrollado por la actual Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no responde a las necesidades de la población, más aún frente a la pandemia de la Covid-19 que afecta al país. Su rol como poder del Estado no tuvo mayor preponderancia.
El artículo 158 de la Constitución Política del Estado (CPE) determina las atribuciones del Órgano Legislativo, entre ellas la obligación de “dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas”, “controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas”,
“Si revisamos las normas o proyectos de ley que han aprobado los asambleístas en la Legislatura 2020-2021 no tienen mayor preponderancia para la sociedad ni son estructurales, por ejemplo, que tengan que ver con la reactivación económica, la generación de empleo, entre otros”, señala la politóloga Patricia Velasco.
Según la información del Senado, registrada en su página oficial, en lo que va de esta legislatura el pleno de esta instancia aprobó cuatro proyectos de ley y llevó adelante 89 sesiones ordinarias.
Mientras, la Cámara de Diputados tuvo una mayor labor, aprobó 14 proyectos de ley y sesionó en 85 oportunidades.
Leyes de relevancia
Entre las leyes sancionadas en el Senado y remitidas al Ejecutivo para su promulgación están: de presupuesto General 2021, de Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (RE-IVA) y de Régimen Excepcional y
Transitorio para la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales (Elecciones Subnacionales 2021).
Las otras normas hacen referencia a la transferencia de bienes inmuebles o terrenos y otra a la declaratoria de prioridad nacional la incorporación de tramos de la ciudad de El Alto a la red vial fundamental.
En tanto, en la Cámara de Diputados se sancionó dos normas remitidas desde la Cámara de Senadores para su revisión, estas son la Ley de Emergencia Sanitaria y la Ley del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), ambas propuestas por el Órgano Ejecutivo y objetadas por los legisladores de la oposición.
Leyes objetadas
La Ley de Emergencia Sanitaria en principio fue aprobada en el Senado y remitida a Diputados, instancia que modificó tres artículos por observaciones de los médicos del país, sobre el derecho a la huelga, la vulneración de las autonomías y el contrato de profesionales médicos del exterior.
Diputados devolvió el proyecto de ley al Senado y éste la sancionó, pese al rechazo del sector salud por considerarla inconstitucional y vulnerar varios derechos.
Desde el 19 de febrero pasado, que fue promulgada dicha norma, el sector de salud del país lleva adelante un paro de actividades y una serie de medidas de protesta para exigir su abrogación.
El Gobierno invitó al sector de salud a participar en la reglamentación de la ley, propuesta que fue rechazada. La ley tiene ya casi dos meses de vigencia y no cuenta con una reglamentación.
“Las movilizaciones (contra la ley) van a continuar hasta que se la abrogue. Esperemos que en el transcurso de los próximos días se dé una respuesta favorable a nuestra solicitud de diálogo. El martes los médicos inician un congreso nacional del sector”, expresa un comunicado de la entidad colegiada de los médicos.
“Este conflicto podría haberse evitado el Gobierno, cuando los trabajadores en salud solicitaron una audiencia al Senado para considerar algunos cambios antes de su sanción, pero les fue negada y con su mayoría (el Movimiento Al Socialismo-MAS) se impuso el documento”, señala Velasco.
Otra de las leyes promulgadas que no fue bien recibida por todos los sectores es la de Impuestos a las Grandes Fortunas. Esta fue cuestionada particularmente por los empresarios.
“Lo que estaría haciendo de alguna forma (esta ley) es desincentivar realmente la inversión formal en este país; creemos que se tienen que generar las condiciones necesarias, donde se genere riqueza y cuando tengamos excesiva riqueza en este país, se puede dar este tipo de medidas”, sostuvo en su momento el gerente ejecutivo de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Gustavo Jáuregui.
La vigencia de esta ley es permanente y de acuerdo con los cálculos alcanzará a más de 150 personas. La medida impositiva se aplica a extranjeros que tuviesen inversiones o patrimonio en el territorio nacional.
Falta de debate
La mayoría del MAS en ambas cámaras, en otrora con dos tercios, impuso la práctica del rodillo parlamentario en la aprobación de las principales leyes, un ejercicio que generalmente obedece a una consigna y cierra toda opción de debate o aporte.
“El debate no siempre debería ser del lado de la oposición, también debería surgir en el mismo seno del oficialismo, por la representación diversa, pero se aplica la consigna de aprobación en conjunto, lo que les generó el calificativo de levantamanos”, indica la politóloga Velasco.
Incluso, el debate que es imprescindible en las comisiones parlamentarias queda en nada, porque el partido mayoritario, que modificó los dos tercios en el procedimiento legislativo, les permite aprobar solo con mayoría.
TRES FUERZAS POLÍTICAS PRESENTES
Los actuales asambleístas fueron elegidos el 18 de octubre de 2020. En el Senado, el MAS tiene 21 curules, CC 11 y Creemos, 4. En Diputados, el MAS tiene 75 escaños, CC tiene 39 y Creemos 16. En el total de la Asamblea, el MAS tiene la mayoría con 96, CC con 50 curules y Creemos con 20.
Al inició de la gestión legislativa 2020-2021, las bancadas del MAS, CC y Creemos señalaron que las prioridades serían la reactivación económica, la generación de empleo y el sistema de salud, sin dejar de lado su labor de fiscalización.
EL APORTE DE LA ASAMBLEA ES “PRÁCTICAMENTE NULO”
REDACCIóN CENTRAL
Para el abogado constitucionalista Paul Antonio Coca el trabajo desarrollado por la Asamblea Legislativa hasta ahora “es prácticamente nulo”.
Dijo que tanto el oficialismo como la oposición no desarrollaron propuestas serias en beneficio de la ciudadanía y tampoco fiscalizaron, contrariamente se dedicaron a aprobar declaraciones camarales y a debatir sobre los dos tercios.
“En este instante es un órgano que está absolutamente politizado, su trabajo o aporte en beneficio de la gente es prácticamente nulo, solamente se ven declaraciones camarales, el tema de la pelea para restituir los dos tercios dentro del reglamento”, sostiene Coca.
Cuestionó que en este periodo de pandemia, por ejemplo, no se tengan propuestas serias para coadyuvar en la mitigación de la crisis.
“Francamente no se ha visto que sea un órgano del cual estén saliendo las principales propuestas, debates en torno a solucionar, ni del lado del oficialismo y mucho menos de la oposición”, manifestó.
Por otra parte, dijo que ante algunas situaciones extrañas o falta de acciones del Ejecutivo u otro órgano del Estado no se solicitaron informes.
“No se ve interpelaciones a ministros que hubiera ameritado así se diga que el MAS tiene mayoría para salvar a sus ministros, no se ve nada”, cuestionó el abogado.
EL MAS SE DEDICÓ A HABLAR DE “GOLPE”
La tarea desarrollada en el Legislativo se abocó sobre todo a la sustentación de parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) del presunto “golpe de Estado” en 2019.
Entre las acciones sugeridas, desde el oficialismo, está la aprobación de un anteproyecto de ley que regule a las encuestadoras, por considerar que estas ofrecen datos deshonestos.
Asimismo, se planteó la posibilidad de modificar la ley de juicio de responsabilidades a altas autoridades del Estado para viabilizar las proposiciones acusatorias contra la expresidenta Jeanine Áñez por las muertes en Senkata y Sacaba y otros delitos, sin necesidad de los dos tercios de votos de los presentes que se necesita para aprobar el enjuiciamiento. Además de omitir algunos procedimientos para obtener lo antes posible una sanción.
La labor de los asambleístas del partido gobernante también se concentró en anunciar acciones en contra de figuras de la oposición, como Waldo Albarracín, por presuntamente utilizar a los estudiantes en los conflictos de noviembre de 2019.
CUESTIONAMIENTO A LA OEA
Las cámaras de Diputados y Senadores aprobaron declaraciones camarales en rechazo a la supuesta injerencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) en asuntos internos del país.
La Declaración Camaral de Diputados establece en su artículo segundo “exhortar al Órgano Ejecutivo a tomar las acciones legales que correspondan para hacer respetar la soberanía, independencia y autodeterminación de nuestro pueblo”.
El Senado mediante declaración camaral cuestiona el trabajo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, por las críticas realizadas a la justicia debido a las detenciones de exautoridades.
La declaración establece, además, que se solicitará a los estados miembros de la organización, investigar, evaluar y reconducir el rol de su secretario general que ha perdido toda objetividad y legitimidad al asumir un posicionamiento absolutamente político y personal frente a las diferentes problemáticas de los países de la región.
INFORME ORAL
Uno de los pocos informes orales realizados ante las comisiones de la Cámara de Diputados fue el del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.
Este acto se centró en las investigaciones de las muertes acaecidas en noviembre de 2019 en las zonas de Senkata (el Alto) y Sacaba (Cochabamba). La preocupación del MAS era el lento avance de las indagaciones.
Lanchipa sostuvo que las muertes registradas fueron por impacto de bala. “Se ha mostrado el avance de la investigación en ambos procesos y hemos señalado ante la comisión de que nosotros no vamos a trabajar para que ningún hecho quede en la impunidad”.
Aseguró que se tenían informes contundentes de que todas las víctimas fallecieron por impactos de bala tanto en Senkata como en Sacaba.
El informe no colmó las expectativas de los legisladores del MAS y anunciaron procesos en contra de Lanchipa y otros.
LEYES APROBADAS
En los primeros meses de trabajo de los asambleístas nacionales, la mayoría oficialista aprobó el Contrato de Préstamo para el Programa “Línea de Crédito Contingente de Apoyo Anticíclico para la Emergencia Generada por el Covid-19”, suscrito, el 23 de junio de 2020, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento-CAF, por un monto de hasta $us 350 millones.
Este y otros créditos que fueron negados a la administración de la expresidenta Jeanine Áñez por los legisladores anteriores y los de actuales fueron viabilizados por la mayoría del MAS.
También se aprobó la Ley de Modificaciones a la Ley 913 del 16 de marzo de 2017, de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y la ley de incorporación a la red vial fundamental de los tramos I, II, y III de la avenida Periférica de la ciudad de El Alto.
Asimismo, se sancionó cuatro normas de transferencia de bienes inmuebles y terrenos.
COVID-19
El ministro de Salud, Jeyson Auza, brindó un informe oral ante la Comisión de Educación y Salud de la Cámara de Diputados respecto a la ejecución de políticas públicas en la atención de la emergencia sanitaria de la Covid-19.
En la exposición, el ministro de Salud presentó un plan de nueve pilares fundamentales y señaló que la estrategia tiene tres ejes: diagnóstico precoz, oportuno y gratuito.
El pasado 1 de abril, la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) presentó a la Cámara de Diputados una solicitud de informe escrito para que Auza dé cuentas sobre la estrategia que lleva adelante para afrontar la Covid-19 y para prevenir el ingreso de la variante de Manaos.
“Consideramos que el gobierno de Luis Arce está priorizando más la persecución política y está dejando de lado la contención y prevención”, dijo Beto Astorga.
La bancada de Creemos también anunció un pedido de informe oral al titular de de Salud por el retraso en la distribución de vacunas en los departamentos.
