«(Estamos) acostumbrados a poner el nombre y cara de la víctima, pero ahora mostramos el nombre del agresor y autoridades porque queremos que la sociedad reconozca a los feminicidas», exclamó la activista.
En una vigilia encabezada por la activista María Galindo, organizaciones de mujeres en La Paz realizaron la exposición de fotografías de feminicidas, violadores y autoridades acusadas de corrupción en el atrio del Tribunal Departamental de Justicia en La Paz, bajo la consigna de que «la vergüenza debe cambiar de bando».
«(Estamos) acostumbrados a poner el nombre y cara de la víctima, pero ahora mostramos el nombre del agresor y autoridades porque queremos que la sociedad reconozca a los feminicidas para que no aparezcan el día de mañana como ejemplares abogados o militares ejemplares, y puedan volver a cometer otro feminicidio y violación», manifestó en contacto con medios de comunicación.
Explicó que exponer las fotografías de los autores de estos crímenes es una forma segura de que la sociedad los reconozca, por lo que, desde las marchas que iniciaron la jornada del lunes en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, las víctimas y familias portaron pancartas con dichas imágenes.
Indicó que la organización Mujeres Creando, con el apoyo de profesionales juristas, trabaja en al menos nueve formas de impedimento para el acceso a la Justicia en el país, a diferencia de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio (creada por el Gobierno), «que solo trabaja sobre el hecho de si hay libertad o no hay libertad», según dijo.
«Nosotros (trabajamos) sobre quienes tienen sentencia, pero también sobre formas erradas de tipificación de delitos, como feminicidios y violaciones que no fueron tipificados así. Hay casos donde los aparatos del Estado han perdido las carpetas de las víctimas. Esas carpetas no se pierden, se venden», apuntó.
Mencionó otra formas de impedimento para el acceso a la Justicia como la retardación y la libertad pura y simple de algunos agresores.
REPARACIÓN DEL DAÑO
En la ocasión, Galindo denunció que, aunque el sistema judicial prevé medidas de protección para las víctimas cuando estas proceden a denunciar actos de violencia, ninguna fue acogida bajo este beneficio, que sirve para prevenir la última etapa del ciclo de violencia: el feminicidio.
«Hemos presentado (al Gobierno) una lista de casos con nombre y apellido del delincuente, nombre y apellido de la autoridad que ha cometido el acto de corrupción y la medida de reparación que pedimos», concluyó.
