Mientras opositores afirman que se trata de una persecución en la que se usa al Órgano Judicial de Bolivia como brazo operativo del Gobierno, el oficialismo justifica su actuar con “la búsqueda de justicia”.
El Gobierno impulsa, ante el Ministerio Público, al menos 11 procesos en contra de una 20 de personas. Entre los acusados están desde la expresidenta Jeanine Añez y su gabinete, hasta jefes policiales, militares y exfuncionarios.
Los casos golpe de Estado, Senkata y Sacaba, Respiradores chinos, Respiradores españoles, Gases lacrimógenos, DGAC, Designaciones irregulares, Fundempresa, FMI, Amenaza a la libertad de expresión durante la cuarentena y Cierre de fronteras son las demandas. Las cuatro últimas esperan conseguir de los dos tercios de la Asamblea Legislativa para consolidarse en juicios de responsabilidades.
Mientras que para unos es una muestra del uso de la justicia como un brazo operativo del Gobierno de turno, éste afirma que no se trata de una persecución, sino de “justicia”.
“Los juicios son arbitrarios y son realizados por una Fiscalía que se ha convertido en un brazo operativo del gobierno del MAS y por un Órgano Judicial que no es imparcial”, dijo el diputado de Comunidad Ciudadana Gustavo Pedraza.
Añadió que lo que hay en este momento es una narrativa del MAS sobre un golpe, “cuando en realidad lo que hubo fue un fraude”. “No defendemos a una persona, sino a la causa”, recalcó.
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), señaló que los juicios y las aprehensiones “no son persecución, sino justicia”. “La narrativa de un fraude que impusieron con ayuda de la OEA fue sólo la excusa perfecta para llegar al poder por la fuerza, rompiendo todo principio de la democracia. Los resultados de las elecciones del 18 de octubre ratifican que no hubo fraude. Lo que hubo fue un golpe de Estado, unas masacres en Senkata y Sacaba, desinstitucionalización del Estado, descalabro económico y corrupción desmedida. Por eso perdieron en democracia lo que ganaron por la fuerza”, afirmó.
Cinco procesos veloces
El que generó más reacciones nacionales e internacionales es el proceso por el caso golpe de Estado, impulsado por la exlegisladora del MAS Lidia Patty. La denuncia fue presentada en diciembre de 2020 y las primeras detenciones se produjeron el 12 de marzo.
Hasta hoy, hay tres detenidos: la expresidenta Jeanine Añez y sus ministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán. Además se emitieron ordenes de aprehensión en contra de los exministros Yerko Núñez, Arturo Murillo, Fernando López y los excomandantes de la Policía y las Fuerzas Armadas, Yury Calderón y Williams Kaliman, de quienes se desconoce su paradero.
A estas acciones se sumaron cuatro proposiciones acusatorias en contra de la exmandataria. Aunque fueron aceptadas por el Ministerio Público en menos de 48 horas, que lleguen a un juicio dependerá de los dos tercios de la ALP.
La primera acusación es por la autorización de un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin la aprobación de la ALP. Un préstamo que fue devuelto por Arce. Además de Añez, también están acusados los exministros de Economía José Luis Parada, Óscar Ortiz y Branko Marinkovic.
La segunda tiene que ver con la vulneración del derecho a la libertad de expresión durante la cuarentena rígida, con la promulgación del decreto 4231 que sancionaba penalmente la difusión de cualquier información sobre la Covid-19 que genere incertidumbre en la población.
La tercera acusación es por la concesión del servicio de registro público y comercio a la privada Fundempresa por 15 años, sin los procedimientos de ley. La cuarta es por el cierre de fronteras que impidió el ingreso de compatriotas desde Chile durante la cuarentena.
“Justicia solo para cuatro”
El caso de las masacres de Senkata y Sacaba es otro de los procesos que sigue el Ministerio Público. Hasta la fecha se tiene a dos imputados: el general de división en retiro Luis Fernando Valverde Ferrufino y el general Franco Suárez.
Aunque desde el gobierno y desde el MAS se indica que con el caso golpe de Estado se hará justicia para las víctimas, la denuncia no las toma en cuenta.
“El caso golpe de Estado no considera las muertes de nuestros hermanos de Senkata, ni siquiera están tomando en cuenta a los heridos. Pero ya tiene varios detenidos e imputados. En el caso político hay mucho avance, pero no en el que pide justicia para El Alto”, dijo el representante de Derechos Humanos en El Alto, David Inca.
El Gobierno anunció que prepara un juicio de responsabilidades por las masacres. Para ello pidió el apoyo de las bancadas de CC y Creemos para llegar a los dos tercios necesarios.
Algunos avanzan, otros no
El 19 de marzo, luego de las detenciones de Añez y dos de sus colaboradores, se llamó a declarar a la exministra de Salud Eidy Roca por el caso Respiradores chinos que data de 2020. La exautoridad se refugió en el Comité Pro Santa Cruz, desde donde dijo que la compra por la que se la quiere acusar no fue hecha por ella.
Este proceso tiene su par, el caso Respiradores españoles que pronto cumplirá un año. El imputado es el antecesor de Roca, Marcelo Navajas. En octubre de 2020 se dejó sin efecto la imputación a Navajas pero en diciembre fue retomada. Además del exministros, están acusados Giovanni Pacheco (director Aisem), Fernando Valenzuela (exdirector jurídico) y Fernando Humérez (testigo).
Las primeras órdenes de aprehensión emitidas luego de la posesión del gobierno de Luis Arce fue en contra de los exministros de Gobierno y Defensa, Arturo Murillo y Fernando López, por el caso Gases lacrimógenos. Una compra hecha a un intermediario con presunto sobreprecio.
También se detuvo a Marcel Rivas, exrresponsable de Migración, acusado de colaborar en la fuga de los dos imputados.
En medio de las últimas detenciones, la Fiscalía emitió dos citaciones contra el ahora alcalde elector de La Paz, Iván Arias, exministro de Obras Publicas del gabinete de Añez.
La autoridad fue llamada en calidad de sindicado por varios casos de corrupción dentro de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y las designaciones irregulares en la entidad que dirigía.
4 juicios dependen de los dos tercios de la ALP
El ministro de Justicia, Iván Lima, admitió que el Gobierno no llevó a juicio de responsabilidades a la expresidenta Añez porque el MAS no tiene los dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Apuntó a los opositores CC y Creemos, quienes cuestionaron el manejo político de la justicia.
“La aprobación de juicios de responsabilidades requiere de los votos de las bancadas de Carlos Mesa (CC) y Fernando Camacho (Creemos) para los dos tercios. Si ambos rechazan, significa que apoyan la impunidad para autores de esos delitos”, indicó Lima a través de Twitter.
En respuesta, el líder de CC, Carlos Mesa, calificó de cínico el pedido de Lima. “El Gobierno del presidente Arce, que plantea esta lógica, está acercándose a niveles de cinismo inconcebibles. Quienes están manejando la justicia a su antojo, quienes dan órdenes a jueces y fiscales, quienes convierten a fiscales en martillo de la represión y persecución judicial muestran que el Órgano Judicial es totalmente dependiente del Gobierno y que el Ministerio Público es su brazo ejecutor, ¿nos van a hablar de impunidad?”, declaró.
La aprobación de los juicios de responsabilidades por los casos de corrupción, daño económico al Estado y las masacres de Senkata y Sacaba -en contra de la expresidenta Jeanine Añez y sus excolaboradores- dependen de conseguir la aprobación de los dos tercios al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El artículo 16 de la Ley 044 de Juzgamiento a Altas Autoridades del Estado, establece que para enjuiciar a un Presidente y Vicepresidente se requiere el voto de los dos tercios de la ALP. A diferencia de las gestiones pasadas, el MAS no tiene mayoría
Luego del tuit de Lima, el líder de Creemos, Luis Fernando Camacho, publicó: “Fuimos claros al condenar la corrupción del gobierno transitorio y todas las muertes de bolivianos deben investigarse y sancionarse”.
27 denuncias contra personal de la Policía
A la fecha el viceministro de Descolonización, Pelagio Condori, presentó 27 denuncias en contra de igual número de miembros del verde olivo. Entre los acusados hay coroneles, tenientes coroneles, mayores, capitanes, subtenientes, suboficiales, un sargento y un cabo.
De las demandas presentadas ante la Fiscalía Policial, dos fueron rechazadas y una fue presentada hace una semana. Todas se apoyan en la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana que establece las instancias que deben sancionar las faltas disciplinarias
“No es venganza en contra de la policía, sino lo que indica la normativa”, dijo Condori.
Los procesos son por los hechos acaecidos en noviembre de 2019, cuando -según el demandante- estos uniformados impulsaron el motín policial y con éste la renuncia de Evo Morales, además de haber quitado y quemado las wiphalas de sus uniformes.
“En la actualidad existen 25 denuncias vigentes y una que está en apelación del rechazo. esperamos que sea repuesta para que sigan las investigaciones. El pueblo boliviano quiere una reconciliación pero con justicia”, manifestó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
Punto de vista
Gary Prado, abogado caso Terrorismo
“Quieren llenar la canasta de delitos”
El pez muere por la boca y en la entrevista con María Galindo el Ministro de Justicia admite que al no tener los dos tercios deben buscar el juicio por otro lado. El tema no es la justicia ni la búsqueda de la verdad. Como hay un control férreo de Órgano Judicial por parte del MAS, vemos que se obra de manera ilegal para instaurar una posverdad.
Hay cuatro procesos que se han presentado ante el Ministerio Público como juicios de responsabilidades, pero no tienen posibilidad material de conseguir los dos tercios en la ALP para su autorización. En realidad esos procesos están ahí para mostrar una conducta delictiva y de corrupción reiterada. Lo que se busca es cómo llenar la canasta de delitos para mostrar que así como se golpeó, se autorizó un crédito al FMI, se cerró las fronteras ilegalmente a nuestros conacionales etc.
Es decir, se pretende acabar con la imagen pública para desvirtuar toda posibilidad de defensa. Para poner al público en posición adversa a Jeanine Añez y su gobierno.
Estamos reviviendo los hechos que desde el 2006 en adelante se vivieron en la gestión de Evo Morales, en casos como el de Porvenir, de Yacuiba o el de Terrorismo. Son casos en los que el Gobierno comete ingerencia y presiona al Órgano Judicial y el Ministerio Público para arrinconar, exiliar, apresar y dejar sin voz a los opositores a su gestión.
El caso golpe de Estado tiene similitudes con el caso Terrorismo. El hecho no existió pero hay una supuesta víctima que es Evo Morales y la supuesta responsable es Añez, su gabinete y los comandante militares. Estamos repitiendo la perversa gestión de Evo.
Fuente: Página Siete
