Una misión de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH) hará una “observación de procesos judiciales” en Bolivia con focalización en casos como los derivados de la crisis de 2019, entre ellos contra la expresidenta Jeanine Áñez por el “Golpe de Estado II, con el objetivo de evaluar fortalezas y debilidades del sistema judicial blanco de una serie de cuestionamientos.

El trabajo de la misión internacional está amparado en un convenio suscrito entre el ministro de Justicia, Iván Lima, y el jefe de la Misión Técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Antonio Menéndez de Zubillaga, como resultado de la visita del relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán.

“Hay procedimientos judiciales que son muy importantes para el desarrollo de nuestra democracia, y queremos estar seguros que se está cumpliendo el debido proceso y los derechos humanos fundamentales”, explicó Lima en un boletín institucional en el que se asegura que el juicio por el ‘Caso Golpe II’ contará con la observación y seguimiento de los organismos internacionales de Derechos Humanos”.

Menéndez de Zubillaga destacó la voluntad política del Gobierno para transparentar la administración de justicia.

“La firma de este protocolo es muy importante para nosotros y demuestra la voluntad política del Ministro de Justicia para trabajar por la transparencia y el compromiso con los estándares internacionales. Estamos dispuestos a llevar este proceso con toda transparencia e imparcialidad”, afirmó.

Según el convenio al cual tuvo acceso La Razón, la misión se focalizará en observar casos contra defensores de derechos humanos en el ejercicio de su función; relacionados con la crisis socio política de 2019-2020; contra miembros del Órgano Judicial y Electoral; Entidades de creación Constitucional, Órgano Ejecutivo; feminicidios, violencia de género y casos que involucren población LGBTIQ+; y con grave impacto en el respeto, protección y promoción de los derechos humanos.

En Bolivia fueron abiertos procesos penales contra Áñez y la cúpula militar de 2019 por la toma de la Presidencia del Senado, lo que le permitió tomar el poder, sin respetar los preceptos constitucionales y el Reglamento de Debates, según la Fiscalía. También están en cursos procesos por las masacres de Sacaba y Senkada de 2019, donde la intervención policial y militar a protestas de afines al expresidente Evo Morales acabó con una veintena de muertos por impacto de bala.

A partir de la observación de procesos judiciales, entre ellos audiencias, la misión evaluará las fortalezas y debilidades del sistema de justicia; asesorará técnicamente, con base en normas y estándiedncares internacionales, al Gobierno y al Órgano Judicial, sobre la base de obtención de elementos empíricos, para mejorar aspectos concretos de las garantías judiciales.

También identificará oportunidades para la promoción de buenas prácticas y el fortalecimiento de capacidades institucionales; fortalecerá la protección y promoción de las garantías judiciales arriba mencionadas y, en particular, el derecho a ser oído en juicio oral público en condiciones de plena igualdad; fomentará la transparencia judicial; y promoverá el respeto por las normas y los estándares internacionales de derechos humanos referentes a las garantías judiciales.