El expresidente afirmó que «no es nadie» para juzgar a la justicia boliviana, pero reconoció que existe un retraso en los procesos.
El expresidente Evo Morales afirmó este martes que si bien «respeta» el informe realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre los hechos de 2019, considera que está «confrontando» al país.
«Yo veo que el informe del GIEI en vez de buscar soluciones, está confrontando al país. Respetamos, pero Bolivia tiene soberanía, tiene independencia, el pueblo boliviano tiene dignidad», sostuvo el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), en una rueda de prensa junto a dirigentes del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay) y las seis federaciones del trópico de Cochabamba. «No entiendo algunas interpretaciones que hacen. Respetamos, es un informe seguramente, sirve como base para los procesos, respetamos».
El expresidente recordó que anteriores Gobiernos iniciaron procesos en su contra, pero que salió librado de ellos.
«El único presidente que no me procesó fue el doctor Eduardo Rodríguez Veltzé. El año pasado tenía 29 procesos. Sin ninguna influencia, solo con la verdad, todos se cierran», afirmó.
Sobre las reiteradas críticas al sistema judicial y los pedidos de renuncia del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, Morales afirmó «no ser nadie» para criticarlos, pero reconoció el largo tiempo que suelen tomar los procesos en el país.
«No soy quien para juzgar el trabajo dela justicia boliviana, pero sí pedimos justicia. (…) Lo que siempre observamos todos es la tardanza de la justicia boliviana», sostuvo.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó en su informe final que hubo vulneración a derechos humanos en los gobiernos de Evo Morales y Jeanine Añez, tras una investigación de aproximadamente seis meses sobre los hechos de violencia ocurridos en el país entre el 1 septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
Respecto al sistema judicial, el grupo de expertos identificó “problemas estructurales endémicos” entre los que se incluyen la falta de independencia en la administración de justicia, ausencia de garantías en el debido proceso, empleo arbitrario de la prisión preventiva y obstáculos de acceso a la verdad.
