Tras 63 años, un proceso hereditario a favor del ciudadano Hernán Valdiviezo López atenta contra la educación en Tupiza, provincia Sud Chichas del departamento de Potosí. El hecho ha provocado el desalojo de más de 400 estudiantes de dos unidades educativas.
Fuente: ABI
Este caso tiene sus inicios en 1959, cuando un tribunal judicial favoreció a la señora Laura López (fallecida) con el reconocimiento de paternidad post-mortem para su hijo Hernán Valdiviezo.
Héctor Valdiviezo, junto con su esposa Úrsula Ll. de Valdiviezo, antes de partir para Argentina, habrían dado el inmueble al ya desaparecido Banco Minero.
Jaime Arratia, ex miembro de la Federación de Estudiantes de secundaria de Tupiza, dijo que a finales de 1957, decidieron tomar las instalaciones para la creación de una unidad educativa nocturna destinada a adolescentes de escasos recursos que precisaban trabajar durante el día para ayudar a sus familias.
“Yo estuve en la toma. Éramos todos jóvenes ávidos por estudiar y ayudar a nuestros compañeros y amigos que no podían estudiar porque necesitaban trabajar para ayudar a sus padres, ese fue el motivo, ahí surge la iniciativa de tomar el inmueble, nosotros no sabíamos ni de quién era esa propiedad abandonada”, dijo.
Tras la toma, el 19 abril de 1958 nació la escuela nocturna Dr. Enrique Baldivieso, en homenaje al entonces exparlamentario y exvice-presidente tupiceño.
Tras un año de la creación de la unidad educativa, apareció Laura López con una denuncia contra los estudiantes por robo del inmueble, alegando que su hijo era heredero de la propiedad de Héctor Valdiviezo.
“Nos hicieron aprehender, estábamos presos yo junto a otros estudiantes. Pero en ese entonces la Federación de Estudiantes tenía un acuerdo cuatripartito con los mineros, ferroviarios y campesinos, ellos nos sacaron de la cárcel, cercaron Tupiza para pedir nuestra libertad y respaldar la toma de la escuela para sus hijos”, dijo.
Posteriormente, en 1959 se creó en esas mismas instalaciones la Unidad Educativa Técnico Humanístico Dr. Jaime Mendoza, con el propósito de fortalecer la educación de la mujer e impulsar su espíritu emprendedor y artístico con actividades de artesanado como: pintura en tela, costura y confección, tejidos en dos agujas y croché, pero además en culinaria. Con el tempo, la unidad educativa pasó a perfeccionar sus disciplinas en dos áreas: gastronomía y textiles – confección. Actualmente la unidad cuenta con 316 alumnos.
Desde 1959, Laura López intentó reclamar la propiedad donde funcionan las dos unidades educativas.
Durante 43 años no pudo demostrar que el inmueble corresponde a su hijo Hernán Valdivieso López en calidad de herencia.
Sin embargo, sorpresivamente, en 2002, el juez Raúl Torrez Cáceres, Juez Público en Materia Civil del juzgado Tercero de la provincia Sud Chichas, Tupiza, autorizó el desalojo del inmueble.
El abogado Marcelo Abán, representante de los padres de familia de los estudiantes de las escuelas afectadas, dijo que el proceso presenta muchos vicios de ilegalidad. Entre las irregularidades observadas por el abogado están: la legalidad del reconocimiento de paternidad post-morten, la declaratoria de herederos de un fallecido en país extranjero y la nulidad de hijos adoptivos.
“Estamos pidiendo a la Suprema la revisión extraordinaria de todo el proceso. Está en manos del Tribunal Supremo subsanar los errores de lo contrario será un precedente nefasto para la Justicia”, advirtió.
La directora de la unidad educativa, Gloria Tapia, informó que son 112 alumnos efectivos y regulares que están siendo afectados por el desalojo del inmueble. Además de 22 funcionarios entre profesores y personal de servicio.
“Los estudiantes fueron fuertemente golpeados por la pandemia y ahora están sin una infraestructura escolar. Muchos jóvenes no tienen acceso a la tecnología y no pueden acceder a la modalidad virtual y ahora ni a las clases semipresenciales. Un momento muy triste para estos jóvenes que trabajan. Este desalojo está coartando su derecho a la educación”, dijo.
Tapia agregó que los educadores preocupados con la situación se han dado a la tarea de producir cartillas educativas para hacer llegar a los alumnos que se fueron a trabajar a los centros mineros.
“Es una forma de apoyarles para que no pierdan el interés de seguir estudiando”, apuntó.
Añadió que, con apoyo de la subgobernación, se consiguió tener acceso, en calidad de préstamo, a cuatro ambientes para que los estudiantes asistan a las clases semipresenciales.
“Esto es momentáneo, por dos semanas. Las salas solo tienen sillas, no hay una pizarra ni pupitres. No son adecuadas para la enseñanza”, subrayó.
Por su parte el director de la unidad educativa, Juan Cliver Apaza, lamentó la situación en que se encuentran las dos unidades educativas y sostuvo que en los últimos 25 años ningún gobierno a través de su Ministerio de Educación se ha preocupado para dotar una infraestructura propia a los alumnos de estas unidades.
“Son 60 años que el colegio -Dr. Jaime Mendoza- se ha destacado por brindar una carrera técnica a las mujeres de Tupiza. Hoy por el desalojo no podemos hacer uso de las máquinas y los talleres que ha adquirido la unidad en todo este tiempo”, dijo
“Todo lo que se encuentra dentro la unidad fue adquirido con el sacrificio de padres de familia y profesores. Tenemos más de 7.000 dólares invertidos en la unidad, solo en el último tiempo, y que ahora se encuentran bajo llave y en poder del señor (Hernan Valdivieso)”, apuntó.
“Ya suman 21 días que los padres de familia están durmiendo en puertas del colegio, para preservar el derecho más supremo de sus hijos que es educación”, subrayó. (Foto: Tupiza es noticia Digital. Facebook).
