Sube la tensión entre el Gobierno y sectores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y suman las críticas sobre el tratamiento “diferenciado” a los casos de corrupción, por la detención y destitución del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Characayo, el miércoles pasado, por el cobro de un presunto soborno.
En tanto, la defensa del exministro ve que detrás del caso hay una “pugna” de poder y por el cargo, que debería ser investigada.
En las últimas horas, los interculturales de San Julián, sector al que pertenece Characayo, ratificaron el ultimátum de 48 horas que dieron para que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dé un informe sobre la detención del extitular de esta cartera de Estado. Además, exigieron que el nuevo Ministro de Desarrollo Rural y Tierras sea del sector intercultural, porque se deben respetar las plazas.
“Que venga el ministro de Gobierno Del Castillo, que nos informe aquí, damos 48 horas —hasta este sábado— para que esté aquí en San Julián, que dé un informe de esta situación que ha pasado”, manifestó el dirigente Isidro Pacsi junto a representantes de la coordinadora de organizaciones sociales de San Julián, el jueves pasad, según reporte RTV 24 de Junio-San Julián.
El dirigente sostuvo que, para su sector, el exministro Characayo fue víctima de un complot que fue “planificado” desde el Ministerio de Gobierno y busca mellar la dignidad del sector.
Si Del Castillo no se presenta, supondrán “que esto simplemente es una trampa. Además, amenazaron con tomar el predio El Triunfo, por cuyo saneamiento Characayo habría recibido el soborno.
Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, en declaraciones a la red Erbol, reiteró que, de acuerdo a la denuncia contra la exautoridad, los dirigentes de comunidades interculturales iban a recibir 200.000 dólares, de los 380.000, por la presunta extorsión a propietarios del predio ubicado en San Ramón.
Por lo que pidió a los dirigentes de este sector, que respaldaban a la depuesta autoridad, aclarar esta acusación para evitar que se manche a una organización pilar del proceso de cambio.
Cinco contradicciones
El abogado César Rojas, defensor de Characayo, afirmó que todas las evidencias apuntan a que el caso fue armado debido a pugnas de poder dentro el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, aunque no especificó quiénes serían los responsables.
Según Rojas, hay al menos cinco contradicciones en el caso de supuesto soborno para el saneamiento de tierras por el que la exautoridad fue detenida.
Mencionó que, en la audiencia de medidas cautelares, el Ministerio de Justicia señaló que las víctimas denunciaron que los negociados empezaron en 2019 y que era de conocimiento de las autoridades, pero cuestionó que desde esa fecha “no se haya hecho nada”.
Por otra parte, dijo que los ministros de Justicia y Gobierno indicaron que la denuncia la recibieron el sábado, pero ninguna hizo nada hasta la noche del miércoles, cuando su obligación era poner el caso en conocimiento del Ministerio Público.
Fuente: lostiempos
