Entre los aprehendidos figuran jueces, fiscales, médicos y delincuentes que deberían seguir presos.
Dos semanas después de haberse creado la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio, ya se detuvo a 17 personas —entre jueces, abogados, trabajadoras sociales, médicos y fiscales, además de delincuentes con sentencia— involucradas en hechos de corrupción con la excarcelación de feminicidas y violadores.
La Comisión de Revisión tiene el objetivo de verificar casos en los que los agresores hayan sido beneficiados por el poder judicial.
La lista la lidera el exjuez Rafael Alcón Aliaga, quien benefició con detención domiciliaria al violador y feminicida serial Richard Choque Flores, pese a la sentencia de 30 años sin derecho a indulto que pesaba en su contra.
Le sigue el mismo Choque, violador en serie y feminicida múltiple. Fue sentenciado en 2013 a 30 años sin derecho a indulto por el asesinato de la joven universitaria Bianca R. L. Pero, en 2019 fue beneficiado con detención domiciliaria por el consorcio ilícito de abogados y jueces, en el que operaba la abogada de Marlene Paco y el juez Alcón.
Freddy Torrejón Rocabado, médico, realizaba informes médicos y emitía certificados de salud para privados de libertad, sin la presencia de estos, entre ellos Richard Choque Flores.
Las abogadas de Richard Choque, Carmen Solari y Marlene Paco, que fueron parte del consorcio ilegal de abogados y jueces que liberaba violadores y feminicidas.
Raúl Gallo Ordoñez, exsecretario del juez Alcón, quien fungía como fiscal. Dos ayudantes de Alcón, de profesión trabajadoras sociales: Yesica Choqueticlla Castellón y Mary Consuelo Chachaqui.
Por este caso, también se remitió a la cárcel tanto a la mamá y a su hermana de Richard Choque, Elizabeth Flores y Ely Choque Flores, por delitos de complicidad.
También está José Luis Casilla Machaca, cómplice de Choque en el asesinato de la joven universitaria Bianca R. L, beneficiado con detención domiciliaria en 2015. Darwin Oliver Villca, exprivado de libertad en San Pedro, quien proporcionó placa policial que Richard Choque empleaba para extorsionar a sus víctimas.
En otros casos en los que se actúo con el mismo modus operandi es investigada la jueza Patricia Mendoza Murillo, quien favoreció con detención domiciliaria a Ciriaco Condori Fuentes, pese a su condena de 30 años.
Abraham Aguirre Romero, quien fungía como juez Cuarto de ejecución Penal del Distrito de La Paz, al igual que los anteriores favoreció a otro condenado. Incluso se denunció que liberó a «El Killer», implicado en el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz.
En la lista se sumó a sentenciados con 30 años de cárcel, sin derecho a indulto, entre ellos: Lionel Cortez Paco, sentenciado en 2011 por el asesinato de una menor de 13 años en 2009. Fue favorecido en 2020 por el juez Alcón.
Otro de los favorecidos por Alcón son Félix Alfredo Ferreira, sentenciado en 2001 y liberado en 2014 peses a ser condenado por el asesinato de la menor Claudia B. de 17 años, y Rubén Centellas Quevedo, sentenciado en 2006 por asesinato y posterior descuartizamiento de la profesora Carmen Rosa en 2004. Fue liberado en 2021.
Seferina Quispe Mamani, sentenciada en 2003 por el asesinato de sus hijos de ocho y 10 años. Fue liberada por el exjuez José Ayaviri Siles, bajo el mismo modus operandi que Alcón.
Ciriaco Condori Fuentes, sentenciado en 2006 a 30 años por feminicidio en 2005. La jueza Mendoza le dio detención domiciliaria.
El 1 de febrero de este año, el Gobierno anunció la creación de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio para verificar los casos en los que los sentenciados fueron liberados, como ocurrió con el feminicida y violador serial Richard Choque Flores.
