La Policía sigue buscando pistas de los avasalladores que secuestraron a periodistas.
Periodistas sostuvieron reunión con la Policía y pidieron el esclarecimiento del caso y la captura de los encapuchados armados.
La Asociación de Periodistas de Santa Cruz aseguró ayer que la aparición de un acta notariada, hecha bajo presión y coacción, es la prueba del secuestro que sufrieron periodistas, policías y civiles en Las Londras, provincia Guarayos. El Ministerio Público amplía las investigaciones contra otros implicados en este caso.
Periodistas, policías y civiles fueron secuestrados por un grupo de avasalladores armados en los predios de Las Londras, el pasado 28 de octubre, donde sufrieron vejaciones y torturas durante siete horas.
Mientras los periodistas estaban retenidos contra su voluntad, los secuestradores prepararon un acta, escrita a mano, y la hicieron firmar con los policías, periodistas y algunos civiles, para luego liberar a la comitiva.
El acta comprometía a los firmantes a no volver al lugar porque “son tierras de las comunidades”. También indicaba que se hizo la devolución de las armas a los efectivos policiales y demás pertenencias de las víctimas.
Una vez suscrito bajo coacción, el documento fue trasladado a la Notaría número 4 de San Julián para su registro, donde los secuestradores dejaron sus nombres. Sin embargo, la abogada defensora de las víctimas, Raquel Guerrero, aseguró que la nota es nula de pleno derecho porque fue firmada bajo amenazas de muerte y se incurrió en la figura jurídica de coacción.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez, manifestó que esa acta de entendimiento llega a constituirse en prueba de que hubo un delito de secuestro, porque el documento fue hecho bajo presión.
“Porque acá no hay ni altercado ni susto, como dijeron inicialmente, aquí hay un delito y la aparición de esa acta que firmaron tanto, policías, periodistas y comunarios con los encapuchados bajo presión, bajo coacción, llega a constituir un elemento importante en la configuración del delito de secuestro”, aseguró.
Pidió a la Policía esclarecer con celeridad este caso y dar con los encapuchados armados para que sean sancionados como manda la ley. Recordó que el Código Penal establece una pena de cinco a 15 años de prisión para quienes incurren en el delito de secuestro.
El fiscal del caso, Iván Quintanilla, informó ayer que se amplió la investigación contra otras personas implicadas en el caso Las Londras y aguarda que la Policía ejecute las cuatro órdenes de aprehensión emitidas en pasados días.
Mencionó que ya se hicieron varios actuados investigativos, como la emisión de cuatro órdenes de aprehensión, citación de testigos y el desdoblamiento de los teléfonos celulares del director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Adalberto Rojas, quien ya prestó declaración por este caso.
El jueves se conoció que el desdoblamiento de los celulares reveló que Rojas sostuvo una fluida comunicación con personas vinculadas al trámite de saneamiento de tierras. A uno de ellos, dos días después del secuestro en Las Londras, le envió un mensaje de texto donde señala: “Mira lo que me estoy ganando por apoyar a nuestras organizaciones”, según publicó El Deber.
Director implicado
- Empresa La empresa agropecuaria Jihussa, parte denunciante del caso, anunció que solicitará a la Fiscalía que se investigue al director departamental del INRA por las aseveraciones que hizo y por su presunto relacionamiento con los avasalladores. También está pendiente la declaración del director nacional del INRA, Eulogio Núñez, a quien ya se notificó con la citación.
