Las familias de las víctimas reclaman por la retardación de justicia y porque las condenas no se cumplen, y derivan en la libertad de feminicidas y asesinos en el país.
Las familias de víctimas de feminicidios proponen el pago de un bono para los menores de edad que quedaron huérfanos, además plantean la otorgación de cadena perpetua a violadores y feminicidas.
Con el objetivo de dar sus aportes a las autoridades nacionales, las familias de las víctimas llevaron las propuestas a la primera reunión de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio, pero no las dejaron ingresar al encuentro.
“Presentaremos un proyecto de ley que propone cadena perpetua para violadores, asesinos y feminicidas, y la entrega de una renta vitalicia para huérfanos de feminicidios. Es un aporte basado en todos los hechos de violencia que vivimos”, explicó a Página Siete Estela Quintana, representante de la Asociación de Familias de Víctimas en Busca de Justicia en Bolivia.
Quintana es también familiar de una víctima de feminicidio y de la retardación de justicia. Ella es tía de Abigail, una joven que fue asesinada en 2019. “No sólo estamos criticando, trabajamos en este proyecto que lo vinimos a presentar y esperamos que se tome en cuenta”, dijo.
Esta asociación propone la entrega de una renta vitalicia para “dar una mejor calidad de vida a los menores de edad, cuyas madres fueron asesinadas y sus padres están tras las rejas. De acuerdo con Quintana, muchos pequeños están al cuidado de los abuelos maternos y “viven en precariedad”.
Esta organización exige -además- que los asesinos, feminicidas y violadores se queden en las cárceles para cumplir en su totalidad sus sentencias.
La representante denunció que ahora las familias de las víctimas deben estar “todos los días” en los juzgados tratando de responder a todas las “chicanerías” de los delincuentes que buscan salir de la cárcel.
Una vez que salen, las familias de las víctimas temen por su seguridad. En muchos de los casos reciben amenazas.
Las demandas y las movilizaciones se presentaron luego de conocer el caso de Richard Choque, el feminicida y violador serial que asesinó a una joven en 2013 y fue condenado a 30 años de prisión. Pese a la sentencia, consiguió su libertad en 2019 y en su solicitud alegó problemas de salud. En su declaración dijo que consiguió este beneficio pagando 3.500 dólares sin someterse a ningún examen físico y el año pasado volvió a asesinar a otras dos adolescentes de 17 y 15 años. Además, se descubrió que mató a su primo en el año 2011.
“Tenemos más de 15 casos con sentencia que no se cumplen y en los que están implicados varios tribunales compuestos de jueces, fiscales y abogados. Esos nombres son repetitivos y los queremos presentar (a las autoridades) para que hagan algo. Llevamos más de tres años peregrinando en busca de justicia”, dijo.
Quintana indicó que el sector pidió la intervención a los juzgados y que se den cumplimiento a las condenas. A muchos (criminales) ya les dieron la sentencia, pero (los familiares) siguen peregrinando porque no ejecutan. Con sus abogados apelan y dilatan el proceso hasta llegar a los ocho años y dejar sin efecto las acciones”, aseguró.
La representante dijo que un 3% de los casos de feminicidios del país llegaron a una sentencia ejecutoriada y un 10% consiguieron sentencia, pero todavía no es ejecutoriada. El resto queda en el camino. Cambian -además- las tipificaciones de los delitos por otros más leves.
Nivia Coca, representante de la organización Mujeres de Fuego de Cochabamba y de familiares víctimas de feminicidio, llegó hasta La Paz para pedir una auditoría de procesos que tienen irregularidades. “Tenemos criminales que dejaron las cárceles porque recurrieron a varias chicanerías”, explicó.
Coca aseguró que llegaron a denunciar “no sólo a los asesinos, sino a los malos fiscales y jueces”. Mencionó que un juez liberó a tres feminicidas y que todavía sigue ejerciendo su trabajo en Sacaba. “Presentamos todas las pruebas a la Comisión de Retardación de Justicia hace dos años y hasta ahora él sigue siendo juez”, dijo.
La representante informó que en Cochabamba en 2021 se registraron 15 feminicidios y dos en el primer mes de este año. El primer caso de esta gestión ni siquiera tuvo su audiencia cautelar. “La mayoría de los casos están en proceso de ejecución entre dos y cuatro años. Ese tiempo lo aprovechan los asesinos para salir con el justificativo de que están mal de salud. No es una novedad, sabemos que tienen estas chicanerías y salen con detención domiciliaria”, dijo.
El Gobierno impulsó otras dos comisiones en los últimos tres años. Quintana indicó que la primera se realizó en 2019 y “nunca llegó a una auditoría”. “Nos apersonamos a la segunda comisión y presentamos los mismos casos. En diciembre concluyeron que se necesitan más funcionarios. Lo que necesitamos es eliminar la corrupción”, aseguró.
