Este 10 de diciembre se recuerda el Día de los Derechos Humanos y en este marco, Plan International Bolivia sugiere al Estado tomar en cuenta al menos cuatro acciones para reencauzar los derechos de las niñas. El 87% de estas sufren violencia psicológica y el 43%, la física.
Frente a un retroceso en los derechos de las niñas en Bolivia, Plan International Bolivia (PIB) propone al Estado: focalizar presupuestos para la implementación de políticas públicas que garanticen la protección de las niñas, trabajar en las desnaturalización de la violencia de género y hacia la niñez, formar a promotores de protección y elaborar campañas de información con el fin de encarar los derechos de las niñas y adolescentes.
Estos consejos se dan en un contexto en que siete de cada 10 niñas en Bolivia afirman que fueron víctimas de violencia de género; seis de cada 10 desconoce la ruta de denuncia en caso de sufrir violencia y una de cada 10 denunció que fue víctima de violencia, según el estudio de Conectadas y Seguras que lanzó este año PIB.
Además, las niñas señalan que la violencia más frecuente es la psicológica con 87% y la segunda más recurrente es la física con 43%; y seis de cada 10 niñas indican que el espacio más recurrente de violencia es la casa.
Este 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos y en este marco, la investigación de PIB hace recuerdo que la vulneración de los derechos de las niñas persiste, pero también de que hace falta acciones desde las instancias del Estado.
Doris Baldivieso, Oficial de Protección de Plan International Bolivia, da cuatro recomendaciones. El primero, mayor presupuesto para políticas públicas; en el caso de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA), las normativas establecen que se conforme un equipo multidisciplinario, pero en la realidad, solo hay una persona responsable del tema o, en otros casos, los trabajos están unidos con el de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM).
“Esto les quita independencia, libertad de actuación; entonces, si bien hay políticas públicas y hay leyes, no tienen el presupuesto suficiente para la ejecución de las mismas”, observó Baldivieso.
Un segundo aspecto es trabajar en la desnaturalización de la violencia con la comunidad, pues aún existen prácticas de educar con golpes, maltratos, marcar los cuerpos y quemar a niñas y niños; por lo tanto, estas acciones tienen que ser erradicadas, ya que generan sufrimiento, dolor, baja autoestima, desconfianza y, a la larga, actitudes violentas o repetición de la violencia como tal.
Una tercera recomendación es elaborar mecanismos comunitarios de protección que pueden gestarse desde las Organizaciones Territoriales de Base (OTB), autoridades comunitarias o dirigentes, que una vez formados en la detección de las señales de violencia y que conozcan la ruta de denuncia, pueden ser brazos operativos de las DNA.
“Allá, donde no hay una Defensoría, ese promotor comunitario que conoce las medidas de protección, la ruta de denuncia y las consecuencias de la violencia, puede orientar a la familia y animar a los papás y mamás a presentar una denuncia”, explicó Baldivieso.
Una cuarta sugerencia es generar campañas comunicacionales de desnaturalización de la violencia, no solo dirigidas a los espacios donde existe más prevalencia de la violencia, sino también apuntar las esferas digitales, donde cada vez crece más expresiones de odio por razón de género.
La pandemia aceleró el uso de las nuevas tecnologías con las aulas virtuales y el acceso a las redes sociales sin ninguna información ni cuidado, donde las niñas pueden ser víctimas de trata y tráfico.
Baldivieso dijo que no se trata de prohibir el uso de las redes sociales a niñas, niños y adolescentes, sino advertirles de los riesgos a los que se exponen cuando suben alguna información, por ello es importante que la campaña de información no sólo sea dirigida a los estudiantes sino también a los padres y madres de familia.
Estas cuatro recomendaciones, de alguna manera, ayudarán a disminuir la violencia como también a restituir los derechos de la niña, niño y adolescente de manera integral.
Retroceso en los derechos de las niñas
Para Emma Donlan, directora País de Plan International Bolivia, es peligroso que el Estado se aleje de los preceptos adoptados para la protección, lo que significaría un retroceso, por eso se hace un llamado a las defensorías de la niñez y a los servicios legales para que cumplan con su rol.
Por su parte, el miembro del Consejo Consultivo de Jóvenes de PIB, Grajam Sedey, cuestiona que se continúe revictimizando a las mujeres y niñas y que no exista un programa estatal, en el que se brinde un servicio gratuito de psicología a las víctimas, con el fin de que se cumpla lo establecido en Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, (Nº 348) en relación a laatención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia.
Consideró que se debe fortalecer el trabajo de los SLIMs y de las defensorías de la niñez, pues al momento de conocer un caso de violencia, dejan en el “desdén” a las víctimas y tampoco se trabaja en la prevención de la violencia en el seno familiar, que es el núcleo donde empieza a vulnerarse los derechos.
“Un hecho que se deja de lado y que ni siquiera fue tomado en cuenta durante la pandemia es saber cómo está la salud de las niñas y adolescentes que estuvieron encerradas con sus agresores. No existen datos, porque no se brinda atenciones, como pasa con cualquier enfermedad y esto es una gran debilidad que tiene el Estado”, mencionó.
Grajam opinó que frente a estas vulneraciones es preciso trabajar en la revalorización del derecho que tienen las víctimas de violencia, en especial de las niñas y adolescentes.
